LIMA, 21 feb.- El Gobierno de Perú presentará en marzo un informe que recopila las conclusiones de las audiencias públicas realizadas desde diciembre pasado sobre el planteamiento de la presidenta Dina Boluarte de debatir la posible aplicación de la pena de muerte para los violadores de niños. Este tema ha generado una intensa discusión a nivel nacional e internacional, especialmente por su impacto en los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.
Un Debate Nacional con Participación Ciudadana
El informe incluirá las opiniones recogidas durante las audiencias públicas llevadas a cabo en diversas localidades del país, según informó el diario oficial El Peruano. Estas sesiones buscan involucrar a la ciudadanía y a instituciones clave para evaluar si la legislación peruana debe ser modificada para permitir este castigo extremo.
Durante una de estas audiencias celebrada el jueves en la ciudad sureña de Cuzco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, destacó la importancia de escuchar las voces de la población y los gremios profesionales. “El debate nos permitirá examinar si en efecto la legislación peruana sobre pena de muerte es la más adecuada, además de acercarnos a la población y descentralizar el debate”, afirmó Arana.
El ministro también aseguró que estas audiencias no tienen como objetivo retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un organismo clave que restringe la aplicación de la pena capital en los países miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Impulso de Dina Boluarte
La propuesta de debatir la pena de muerte surgió tras el asesinato de una adolescente en Lima el pasado 10 de diciembre, un caso que conmocionó al país y desató una ola de indignación pública. Durante el crimen, perpetrado por un vigilante en una zona populosa de la capital, Boluarte expresó su postura: “No se puede permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”.
La mandataria argumentó que la gravedad de los delitos sexuales contra menores exige medidas drásticas y pidió abrir un diálogo nacional sobre este tema. Sin embargo, reconoció que cualquier cambio legislativo debe respetar los marcos constitucionales e internacionales vigentes.
La Pena de Muerte en Perú: Un Tema Sensible
La pena de muerte no se aplica en Perú desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1979, que solo permite este castigo en casos excepcionales de traición a la patria. Además, el país ratificó en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la pena capital excepto en tiempos de guerra declarada.
Estos marcos legales han sido fundamentales para posicionar a Perú como un defensor de los derechos humanos en América Latina. Sin embargo, la creciente demanda de justicia por parte de la sociedad peruana ha puesto presión sobre el gobierno para reconsiderar su postura frente a los delitos graves, especialmente aquellos relacionados con la violencia sexual contra niños.
Reacciones y Desafíos
El debate sobre la pena de muerte ha generado opiniones divididas tanto dentro como fuera del país. Mientras algunos sectores aplauden la iniciativa de Boluarte como una respuesta contundente a la violencia, otros advierten que esta medida podría vulnerar principios fundamentales de derechos humanos y debilitar la posición de Perú en foros internacionales.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado la propuesta, argumentando que la pena de muerte no es una solución efectiva para combatir la violencia ni garantiza la prevención de delitos. En cambio, abogan por fortalecer el sistema judicial y mejorar las políticas de protección infantil.
Por otro lado, figuras políticas y líderes comunitarios han respaldado la propuesta, señalando que la magnitud de los crímenes exige medidas excepcionales. Para ellos, la impunidad y la falta de sanciones severas son factores que perpetúan la violencia.
El Futuro del Debate
El ministro Arana reiteró que el Gobierno de Boluarte tiene una postura de “apertura al diálogo abierto y franco” sobre este tema. Sin embargo, cualquier cambio en la legislación peruana enfrentará importantes desafíos, tanto jurídicos como sociales.
Si bien el informe que se presentará en marzo servirá como base para analizar la viabilidad de la propuesta, será necesario considerar los compromisos internacionales de Perú y el impacto que esta medida podría tener en su reputación global. Además, el debate deberá abordar cuestiones éticas, legales y prácticas para garantizar que cualquier decisión sea justa y equitativa.
Conclusión: Un Tema que Divide Opiniones
El planteamiento de Dina Boluarte sobre la pena de muerte refleja la tensión entre la demanda social por justicia y los principios de derechos humanos que guían al Estado peruano. Aunque el debate busca acercarse a la población y ofrecer soluciones a un problema grave, también plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras el Gobierno avanza en este proceso, la sociedad peruana deberá reflexionar sobre qué tipo de justicia desea y cómo abordar la violencia sin comprometer los valores democráticos que sustentan al país.
