Bogotá, 16 feb.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, anunció este sábado un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, una región del oeste del país que enfrenta una grave crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La medida comenzará el próximo martes 18 de febrero a las 00:00 horas (05:00 GMT) y se extenderá hasta el viernes 21 del mismo mes.
Motivos del Paro Armado
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, brazo operativo del ELN en la región, justificó el paro como una forma de “visibilizar” lo que describen como un “entramado” entre el Estado, las fuerzas militares y grupos paramilitares, particularmente el Clan del Golfo, principal banda criminal del país. Según el comunicado publicado en redes sociales:
- El ELN acusa al Gobierno colombiano de ser “el primer responsable” de la crisis humanitaria en el Chocó, así como del crecimiento y posicionamiento del Cartel del Golfo en la región.
- Denuncian la “invisibilización” de la situación humanitaria por parte del régimen y critican a los medios de comunicación por “ocultar la verdadera razón del avance paramilitar”.
La guerrilla asegura que el paro busca llamar la atención sobre la difícil situación que enfrentan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en medio de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.
Crisis Humanitaria en el Chocó
En las últimas semanas, enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han dejado un saldo devastador para la población civil en la región del Medio San Juan. Según cifras de la Gobernación del Chocó:
- Cerca de 3.600 personas han sido desplazadas forzosamente.
- Más de 12.000 personas están confinadas, sin acceso a alimentos, agua potable o servicios básicos.
Ambos grupos armados disputan el control del río San Juan, una vía estratégica para el tráfico de drogas, madera y minería ilegal, actividades que financian sus operaciones.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió una alerta este jueves sobre la situación en el Chocó. Entre las denuncias destacan:
- Reclutamiento forzado de menores.
- Instalación de minas antipersona.
- Desplazamiento masivo y confinamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes.
- Violaciones graves de derechos humanos atribuidas a grupos armados no estatales.
Respuesta del Gobierno Colombiano
Ante la escalada de violencia, el Ministerio de Defensa anunció el envío de 150 soldados adicionales al Chocó, quienes se sumarán a los 340 militares ya desplegados en la región. El objetivo es proteger a la población civil y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.
Además, la Armada Nacional dispuso cinco lanchas artilladas para facilitar la movilidad de las tropas en el río San Juan y otras áreas afectadas por los enfrentamientos. Las autoridades buscan garantizar la seguridad de las comunidades y evitar nuevos desplazamientos.
Contexto Nacional: Escalada de Violencia
El anuncio del paro armado en el Chocó ocurre en un contexto de creciente tensión en varias regiones de Colombia. En los últimos meses, el ELN ha intensificado sus ataques contra la fuerza pública y otros grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC. Algunas de las zonas más afectadas son:
- Arauca: Donde el ELN ha protagonizado enfrentamientos con el Ejército.
- Catatumbo (Norte de Santander): Una región estratégica para el narcotráfico, donde el ELN y disidencias de las FARC compiten por el control territorial.
- Sur de Bolívar: Otra área clave para el tráfico de drogas y la minería ilegal.
Estos enfrentamientos han exacerbado la crisis humanitaria en estas regiones, afectando principalmente a comunidades vulnerables que dependen de la agricultura y la pesca para sobrevivir.
Un Llamado Urgente a la Paz
La declaración del paro armado por parte del ELN refleja la complejidad del conflicto colombiano, donde las dinámicas entre actores armados ilegales siguen afectando gravemente a la población civil. Mientras tanto, organizaciones humanitarias y defensoras de derechos humanos han pedido al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas.
El ACNUDH reiteró su preocupación por la situación en el Chocó y urgió a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección de los civiles. “Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para evitar más sufrimiento humano”, señaló el organismo.
Conclusión: Un Ciclo de Violencia Sin Fin
El paro armado anunciado por el ELN en el Chocó evidencia la persistencia de un conflicto que parece lejos de resolverse. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer su presencia militar en la región, la falta de soluciones estructurales a problemas como la pobreza, el desempleo y la exclusión social sigue alimentando la violencia.
Mientras tanto, las comunidades del Chocó siguen pagando el precio más alto, atrapadas entre el fuego cruzado de grupos armados y la negligencia del Estado. Para muchos, la única esperanza reside en un diálogo genuino que aborde las causas profundas del conflicto y priorice la vida y dignidad de quienes más sufren sus consecuencias.
