Bogotá, 16 feb.- La región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta la peor crisis humanitaria registrada en décadas debido a los violentos enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Según cifras recopiladas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al menos 84.621 personas han sido afectadas, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes venezolanos.
La Magnitud de la Crisis
La representante de Acnur en Colombia, Mireille Girard, aseguró que esta situación representa el mayor desplazamiento masivo registrado en Colombia desde que se llevan estadísticas. Los datos son alarmantes:
- 52.286 personas desplazadas.
- 19.000 personas con movilidad restringida.
- 8.668 personas confinadas.
- 4.667 refugiados y migrantes venezolanos afectados.
Además, las autoridades reportan al menos 56 muertos como consecuencia directa de los enfrentamientos armados, que comenzaron con mayor intensidad el pasado 16 de enero. Estos combates ocurren en una zona estratégica limítrofe con Venezuela, crucial para el narcotráfico debido a su alta concentración de cultivos de coca.
Comunidades Vulnerables: Indígenas, Niños y Migrantes Venezolanos
Los enfrentamientos han dejado en una situación crítica a las comunidades más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas yukpa y barí, así como a los niños y migrantes venezolanos.
- Pueblos indígenas: Los yukpa, que viven en zonas transfronterizas entre Colombia y Venezuela, y los barí, de origen colombiano, han sido desproporcionadamente impactados. Muchas familias están confinadas en sus territorios, sin acceso a alimentos, atención médica o ayuda humanitaria.
- Niños: La violencia ha obligado a profesores a huir, dejando a miles de niños sin acceso a educación. Esto los expone a riesgos graves, como violencia de género y reclutamiento forzado por parte de grupos armados.
“Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en áreas disputadas por múltiples grupos armados”, señaló Girard.
Desbordamiento de las Autoridades Locales
Aunque las administraciones locales han intentado responder a la emergencia, las alcaldías de municipios como Tibú, El Tarra y Cúcuta se han visto desbordadas. Según Girard, los recursos financieros disponibles se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis.
“Es muy importante que el Estado esté presente en estas zonas con servicios y para proteger efectivamente a las personas (…) y que se paren las armas para que las comunidades del Catatumbo puedan vivir en paz, que es la única cosa que están pidiendo”, destacó la representante de Acnur.
Impacto Económico y Social
Muchas familias desplazadas han perdido sus medios de vida, incluyendo fincas y animales, lo que complica aún más su capacidad para recuperarse. Para aquellos que han llegado a ciudades como Cúcuta, Ocaña, Medellín o Bogotá, el apoyo gubernamental es insuficiente para garantizar su retorno seguro o su integración en nuevas comunidades.
“Antes tenían sus fincas, sus animales, pero ya no tienen eso para sobrevivir y necesitan apoyos para generar lo necesario para ellos y sus familias”, añadió Girard.
Respuesta Humanitaria
Hasta ahora, Acnur ha distribuido más de 40.000 kits de ayuda humanitaria, principalmente de higiene personal, a los desplazados y confinados. Además, la agencia coordina esfuerzos con entidades locales y otras organizaciones internacionales para realizar censos y proporcionar asistencia integral.
Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles. Las comunidades afectadas requieren no solo ayuda inmediata, sino también soluciones estructurales que garanticen su seguridad y bienestar a largo plazo.
Un Llamado Urgente a la Paz
La representante de Acnur hizo un llamado urgente para que se detengan las hostilidades y se priorice la protección de las comunidades afectadas. “Lo único que están pidiendo las comunidades del Catatumbo es poder vivir en paz”, enfatizó.
El conflicto en el Catatumbo no solo evidencia la fragilidad de la paz en Colombia, sino también la compleja interacción entre actores armados ilegales, el narcotráfico y la crisis migratoria regional. Sin una intervención decisiva del gobierno y la comunidad internacional, esta crisis podría prolongarse, profundizando el sufrimiento de miles de personas.
Conclusión: Una Crisis que Requiere Atención Inmediata
El Catatumbo vive hoy una tragedia humanitaria sin precedentes, con decenas de miles de personas desplazadas, confinadas o en situación de extrema vulnerabilidad. Las comunidades indígenas, los niños y los migrantes venezolanos son los más afectados, enfrentando restricciones severas en sus derechos básicos.
Para abordar esta crisis, es fundamental que el Estado colombiano fortalezca su presencia en la región, garantice la seguridad de las comunidades y ofrezca apoyo económico y social a quienes han perdido todo. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para coordinar una respuesta humanitaria efectiva.
El llamado a la paz es claro: mientras continúen las armas, el sufrimiento de los habitantes del Catatumbo seguirá siendo una cicatriz abierta en el corazón de Colombia.
