Lima, 6 feb.- La paralización convocada este jueves por transportistas informales en Lima, en protesta por el aumento de la inseguridad ciudadana, tuvo un bajo acatamiento y apenas afectó la movilidad en la capital peruana. Aunque en algunas zonas hubo una ligera reducción de autobuses, el transporte público operó con normalidad en la mayor parte de la ciudad.
Un sector del gremio de transportistas anunció la medida en respuesta a lo que consideran una “falta de voluntad política” del Gobierno para enfrentar la creciente ola delictiva en el país. Sin embargo, ciudadanos consultados en paraderos del distrito de Santiago de Surco aseguraron que no notaron cambios significativos en el servicio de autobuses.
Posturas divididas sobre la protesta
Guillermo, un pasajero entrevistado por EFE, afirmó que no percibió alteraciones en el transporte pese a viajar desde un extremo de Lima. Cuestionó la efectividad del paro y señaló que el problema radica en el Gobierno de Dina Boluarte.
“Hay mucho peligro, pero definitivamente lo más importante es cambiar ya de gobierno. Supongo que se quedará hasta 2026, pero espero que esta vez podamos elegir mejor a un gobernante que haga las cosas bien”, comentó.
Por su parte, Viviana, otra usuaria del transporte público, reconoció que no hubo afectaciones en su recorrido, pero manifestó su apoyo a los transportistas, destacando que son uno de los sectores más perjudicados por la delincuencia.
“Hoy en día hay muchos asesinatos, mucha delincuencia y mucha extorsión, y los transportistas lo están pagando más. A ver si la presidenta les hace caso porque esto nos afecta a todos. Está horrible la situación”, afirmó.
Refuerzo policial y postura del Gobierno
Ante la convocatoria del paro, la Policía Nacional desplegó 2.794 agentes, 134 patrulleros, 368 unidades motorizadas y un dron para garantizar la seguridad en la ciudad, especialmente en el norte, donde hubo mayor adhesión a la protesta.
El Consejo de Ministros minimizó el impacto de la medida y aseguró en la red social X que “el transporte de pasajeros no se ha visto afectado tras el anuncio del paro” y que estas paralizaciones “no contribuyen en nada con la seguridad”.
Extorsión y crisis en el transporte
El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, denunció que el 80 % de los transportistas está obligado a pagar extorsiones a bandas criminales para poder operar, lo que calificó como un “impuesto a la delincuencia”.
Por su parte, la Asociación Automotriz del Perú y la Alianza Empresarial de Transporte Terrestre rechazaron el paro, señalando que “las paralizaciones y bloqueos no son el camino adecuado”. No obstante, exigieron al Gobierno una “mayor acción contra el crimen organizado”, advirtiendo que la inseguridad sigue afectando gravemente al sector.
