Jueza federal bloquea nuevamente la orden de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento

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GREENBELT, Maryland, EE.UU., 5 feb.- Una jueza federal suspendió este miércoles, por segunda vez a nivel nacional, la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular, calificando la ciudadanía estadounidense como “el derecho más precioso”.

La jueza Deborah Boardman rechazó la interpretación de la administración Trump sobre la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, afirmando que ningún tribunal en el país ha respaldado esta postura y que el suyo “no será el primero”. “La ciudadanía es un derecho otorgado expresamente por la Constitución, y una preocupación nacional que exige una política uniforme”, subrayó la magistrada al justificar su decisión de aplicar una orden judicial a nivel nacional.

Reacciones y fundamentos del fallo

Al leer su fallo en el estrado, Boardman preguntó a un abogado del gobierno si se apelaría la decisión, pero este respondió que no tenía la autoridad para tomar una postura inmediata.

La orden de Trump ya había sido bloqueada anteriormente en una demanda separada presentada por cuatro estados en Washington, donde otro juez calificó la medida de “flagrantemente inconstitucional”. En total, 22 estados y varias organizaciones han demandado al gobierno para frenar la ejecución de la orden.

Los demandantes, entre ellos grupos de defensa de los inmigrantes como CASA y el Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, argumentaron que el derecho de ciudadanía por nacimiento es un principio fundamental de la democracia estadounidense, consagrado en la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil.

“La ciudadanía por nacimiento ha moldeado un sentido de pertenencia nacional para generación tras generación de ciudadanos”, expresaron los demandantes en su escrito judicial.

Argumentos de la administración Trump

El gobierno de Trump sostiene que los hijos de inmigrantes en situación irregular no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. En su defensa, argumentó que la Constitución “no garantiza la ciudadanía a los hijos de quienes han eludido o desafiado las leyes de inmigración”.

Por otro lado, 18 fiscales generales republicanos han respaldado la orden de Trump y buscan defender su legalidad en los tribunales.

El impacto y el futuro de la orden ejecutiva

Estados Unidos es uno de los cerca de 30 países que aplican el principio de jus soli o “derecho del suelo”, otorgando ciudadanía a quienes nacen en su territorio. Canadá y México también lo aplican.

Desde su primera semana en el cargo, Trump firmó varias órdenes ejecutivas en materia migratoria, incluyendo medidas para deportaciones masivas y mayor seguridad fronteriza. Sin embargo, muchas de estas acciones han enfrentado reveses legales y podrían tardar años en implementarse.

El destino de estas iniciativas dependerá en gran medida de los fondos que el Congreso apruebe. Trump podría recurrir a poderes de emergencia para acceder a recursos del Departamento de Defensa, como lo hizo para la construcción del muro fronterizo durante su primer mandato.

Mientras la batalla legal continúa, la incertidumbre sigue generando temor en las comunidades de inmigrantes, que observan con preocupación las políticas de inmigración del expresidente y sus posibles implicaciones futuras.

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