San José, 30 ene (EFE). El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas condenó este miércoles las reformas aprobadas a la Constitución Política del país, calificándolas como una «sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales» en el contexto del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del grupo, advirtió que las reformas otorgan a Ortega y Murillo un control absoluto sobre el poder judicial, el legislativo y el aparato electoral, además de otorgarles la capacidad de suspender derechos fundamentales, desplegar al ejército para realizar operaciones policiales y utilizar a los llamados «policías voluntarios» como fuerzas de choque.
«Estos cambios grotescos son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua», expresó Bródy, quien añadió que las reformas oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan adónde recurrir cuando sus derechos sean vulnerados.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes una reforma constitucional que introduce la figura de «copresidente» y «copresidenta», amplía el período presidencial de cinco a seis años y otorga al Ejecutivo la facultad de coordinar todos los poderes del Estado, destruyendo el equilibrio de poderes en el país.
Según la reforma, la Presidencia estará encabezada por un copresidente y una copresidenta elegidos por sufragio universal, y las candidaturas estarán limitadas a aquellos que hayan residido en Nicaragua durante los seis años anteriores a las elecciones. Esta enmienda excluye a los principales líderes de la oposición, quienes fueron encarcelados, desterrados y despojados de su nacionalidad en 2023.
Además, la reforma otorga al Ejecutivo la facultad de nombrar a los magistrados judiciales y electorales, y otorga al presidente el mando supremo sobre el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Las reformas están siendo discutidas en el Parlamento, dominado por el oficialismo, y se espera que sean ratificadas el 30 de enero.
Desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, ha solicitado reformas constitucionales en doce ocasiones, incluida una que le permite reelegirse indefinidamente.
