Valencia, 28 enero.- Este miércoles se cumplen tres meses del devastador temporal que azotó la provincia española de Valencia el pasado 29 de octubre, dejando un saldo de 224 muertos y tres personas aún desaparecidas. Mientras avanzan los trabajos de recuperación, las críticas hacia la gestión de la emergencia y la coordinación entre los gobiernos central y autonómico siguen siendo motivo de manifestaciones y disputas políticas.
Balance de víctimas y zonas afectadas
El número oficial de fallecidos aumentó a 224 a principios de enero tras el deceso de una mujer hospitalizada y dos operarios que perdieron la vida durante las labores de limpieza en Massanassa y Benetússer. Además, continúan los esfuerzos de búsqueda para localizar a tres personas desaparecidas: Elisabeth (37 años), Paco (64) y José Javier (56), con un operativo diario de 400 efectivos en un radio de 500 kilómetros cuadrados.
En las zonas afectadas, 28 municipios permanecen en nivel 2 de emergencia, requiriendo apoyo externo, mientras que otros 75 han reducido su nivel de alerta al 1 y 163 ya no se consideran en estado de emergencia. Los trabajos de limpieza han logrado evacuar más de 500,000 toneladas de enseres y 90,000 vehículos, aunque persisten tareas como la extracción de lodo y la rehabilitación de barrancos y playas.
Conflictos políticos y retrasos en ayudas
El presidente de Valencia, Carlos Mazón, enfrenta críticas por su manejo de la crisis, con una cuarta manifestación programada para este sábado en Valencia capital, convocada por entidades sociales. Paralelamente, las tensiones entre el Gobierno valenciano y el Ejecutivo central han marcado estos tres meses, con acusaciones mutuas sobre el retraso en la entrega de ayudas económicas.
El Gobierno central asegura haber movilizado 16,600 millones de euros y desembolsado 1,741 millones en ayudas, mientras que la Generalitat Valenciana sostiene que sus cifras son inferiores y cuestiona las condiciones de las ayudas estatales, afirmando que deben ser devueltas, algo que el Ejecutivo de España niega.
Impacto económico y reconstrucción
Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las pérdidas económicas superan los 17,000 millones de euros, afectando el 20% de los activos de las zonas dañadas, entre viviendas, industrias, bienes agrícolas e infraestructuras. Además, el costo estimado para la reconstrucción de infraestructuras municipales asciende a 1,700 millones de euros.
Un total de 305 edificios deberán ser demolidos parcial o totalmente, y 23,500 trabajadores aún permanecen bajo expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Próximos pasos y exigencias
SOS Desaparecidos presentará en febrero una querella ante la Audiencia Nacional contra varias administraciones por delitos de negligencia y omisión del deber de socorro. Además, el jueves se constituirá el comité de expertos impulsado por el Gobierno central para coordinar la reconstrucción.
Mientras tanto, la población afectada sigue reclamando celeridad en los peritajes y pagos de las ayudas, así como mayor coordinación entre administraciones. Las visitas de los líderes políticos, incluida la polémica ausencia del presidente Pedro Sánchez durante semanas tras la tragedia, han sido motivo de reproche en el contexto de esta crisis humanitaria y económica.