Washington, 23 ene. La administración de Donald Trump ha anunciado una orden ejecutiva que niega la ciudadanía automática a bebés nacidos en Estados Unidos de padres que sean residentes temporales, como estudiantes, investigadores o trabajadores contratados bajo visas especiales. Esta medida representa un cambio histórico, pues rechaza derechos consagrados en la Constitución estadounidense desde hace más de 150 años.

La orden, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, establece que los hijos de personas con visas temporales —como visas de estudiante, trabajo o turismo— no serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses si ninguno de los padres es residente permanente. Esta política incluye a bebés nacidos de madres que se encuentran en EE. UU. de manera legal pero temporal.

Impacto directo y reacciones legales

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y un grupo de fiscales generales de 22 estados presentaron demandas inmediatas para bloquear la orden, argumentando su inconstitucionalidad. “Esta orden es un ataque directo contra el núcleo de la Decimocuarta Enmienda”, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, refiriéndose al texto que garantiza la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.

La medida, que entrará en vigor el 20 de febrero si no es bloqueada por los tribunales, enfrenta serios desafíos legales. El precedente judicial clave es el caso de 1898 Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en el que la Corte Suprema estableció que los nacidos en EE. UU. son ciudadanos independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Implicaciones prácticas y operativas

Para implementar esta orden, las agencias federales deberán verificar el estatus migratorio de los padres antes de emitir documentos como pasaportes. Sin embargo, los estados, encargados de emitir certificados de nacimiento, podrían tardar años en ajustar sus sistemas para incluir esta información.

Los expertos legales advierten que exigir pruebas del estatus migratorio de los padres podría generar un proceso engorroso y complejo, especialmente para familias con dinámicas legales complicadas o sin acceso a documentación clara.

Más allá de la ciudadanía por nacimiento

La orden ejecutiva forma parte de un paquete más amplio de políticas migratorias implementadas por Trump tras asumir su segundo mandato. Entre estas se incluyen la prohibición del asilo en la frontera sur, la suspensión del sistema de refugiados y nuevas restricciones a inmigrantes legales mediante normas como la de “carga pública”, que busca negar visas a quienes puedan necesitar asistencia pública.

Además, la administración planea restablecer una versión de la prohibición de viaje que Trump introdujo en su primer mandato, enfocada en limitar la entrada de ciudadanos de países específicos.

Una batalla política y constitucional

Mientras defensores de inmigrantes califican estas medidas de “escandalosas” y “nativistas”, los aliados de Trump, como su asesor Stephen Miller, sostienen que estas políticas son esenciales para proteger la soberanía de EE. UU.

“Si la Corte Suprema avala esta orden, se abrirá un precedente para limitar derechos fundamentales y deslegitimar el propósito inclusivo de la Decimocuarta Enmienda”, señaló Cecillia Wang, directora legal de la ACLU.

Esta medida no solo redefine quién puede ser ciudadano estadounidense, sino que marca una línea divisoria en la política migratoria y los derechos civiles en el país, con consecuencias potenciales de largo alcance tanto para la población actual como para futuras generaciones.

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