LIMA, 20 enero.- Una carga de dinamita explotó el lunes frente a la sede de la fiscalía en Trujillo, la capital de la región La Libertad, en el norte de Perú, causando dos heridos y daños materiales en el edificio fiscal, una universidad y un hospital cercanos. El atentado marca un hecho sin precedentes en décadas, donde una institución peruana sufre un ataque con explosivos.
El ataque ocurrió en la madrugada y, según la fiscal general Delia Espinoza, podría estar relacionado con una investigación sobre un caso de criminalidad organizada en el que una fiscal había sido amenazada. Aunque no ofreció más detalles, Espinoza señaló que los heridos fueron un taxista y un guardia privado de la sede fiscal.
La explosión se produjo cerca de la plaza de armas de Trujillo, una zona central de la ciudad, lo que ha generado una gran preocupación por la creciente violencia en la región.
Críticas al gobierno por falta de medidas efectivas
Espinoza también aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por no restituir una ley que permitiera la detención preliminar en casos de no flagrancia, así como la derogación de una norma que autorizaba a la policía a decomisar dinamita, explosivos, armas y dinero a mineros ilegales. “No es posible que estemos llegando a estos niveles de altísima criminalidad con la inseguridad que vivimos desde hace mucho tiempo”, dijo la fiscal, añadiendo que las autoridades no están tomando medidas efectivas.
Recurrentes ataques en La Libertad y Lima
Los ataques con explosivos se han convertido en una práctica común en la región de La Libertad, donde la extorsión y la delincuencia organizada son problemas persistentes. Recientemente, en Lima, se reportaron tres explosiones en hoteles del distrito de Lince, en lo que parece ser parte de un patrón de violencia dirigido a pequeños negocios.
La región La Libertad, afectada por la delincuencia organizada, ha sido especialmente vulnerable desde 2021. El gobernador de la región, César Acuña, aliado del gobierno nacional, ha sido señalado por algunos como cómplice indirecto de la falta de medidas para frenar el avance de la criminalidad.
Respuesta del gobierno
El primer ministro Gustavo Adrianzén reconoció en una entrevista que las autoridades policiales en ocasiones no pueden controlar la magnitud de la delincuencia, como lo evidenció el reciente ataque. En respuesta, anunció el envío de 100 policías a la región para reforzar la seguridad y enfrentar la creciente criminalidad.