Madrid, 31 dic.- España entra en 2025 con los presupuestos del Estado prorrogados por segundo año consecutivo, en medio de un ambiente político marcado por tensiones, incertidumbre y acusaciones de corrupción que impactan tanto al gobierno del socialista Pedro Sánchez como a la oposición conservadora.
Un gobierno en minoría y los desafíos parlamentarios
La coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar gobierna en minoría, lo que obliga al Ejecutivo a negociar cada propuesta legislativa con partidos minoritarios de izquierda, nacionalistas vascos y soberanistas catalanes. Sin embargo, las altas exigencias de estos socios han dificultado los acuerdos, como en el caso de los presupuestos de 2025, que, al igual que los de 2024, debieron prorrogarse.
La debilidad del Ejecutivo quedó en evidencia con votaciones perdidas en el Congreso, como la reciente derogación del impuesto extraordinario a empresas energéticas, apoyada por nacionalistas como el PNV y Junts, junto con la oposición liderada por el Partido Popular (PP).
A pesar de estas dificultades, Pedro Sánchez insiste en que la legislatura se completará y asegura que habrá presupuestos en 2025, respaldado por datos macroeconómicos positivos.
Fortaleza económica frente a la crisis política
El Banco de España prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de 2024 cierre con un crecimiento del 3,1 %, aunque las lluvias torrenciales en Valencia restarán algo al avance económico. La OCDE y la Comisión Europea proyectan un crecimiento del 2,3 % para 2025, mientras que la inflación anual cerró en 2,8 % en diciembre.
A partir de este miércoles, se revertirá la bajada temporal del IVA en alimentos y energía, medida adoptada tras la crisis desatada por la guerra en Ucrania.
La polémica ley de amnistía y las exigencias independentistas
La ley de amnistía, aprobada en mayo de 2024, ha sido el punto más controvertido de la legislatura. Exigida por los soberanistas catalanes como condición para apoyar la reelección de Sánchez, esta ley beneficia a implicados en el intento de independencia de Cataluña en 2017, pero excluye a Carles Puigdemont, líder de Junts, por el delito de malversación.
Puigdemont ha solicitado recientemente a Sánchez que se someta a una moción de confianza para medir su respaldo parlamentario, mientras el presidente se ha mostrado dispuesto a dialogar con el líder independentista.
Corrupción y desgaste institucional
El inicio de 2025 también está marcado por investigaciones judiciales que afectan a figuras cercanas al gobierno. Entre los casos destaca el de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios relacionados con una cátedra universitaria, así como el del exministro José Luis Ábalos, acusado de organización criminal y malversación en la supuesta venta irregular de mascarillas.
El cruce de acusaciones entre gobierno y oposición ha intensificado la polarización política, erosionando la confianza en las instituciones.
España enfrenta un año clave, con desafíos económicos alentadores pero con un panorama político cada vez más incierto y tenso.
