Miami, 13 dic (AP).- Claudio Grossman, destacado abogado chileno y asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha renunciado discretamente a su cargo en protesta por la falta de acciones concretas contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, acusados de crímenes de lesa humanidad.
Denuncia por inacción en la CPI
En un correo enviado el mes pasado a Khan, Grossman expresó que su ética profesional no le permite seguir en silencio ante las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, la expulsión de diplomáticos extranjeros y la obstrucción a los observadores de la ONU.
“Ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”, escribió Grossman, rechazando la renovación de su contrato ofrecida en septiembre.
Tras consultas de la prensa, el nombre de Grossman fue eliminado del sitio web de la CPI. La oficina de Khan agradeció su trabajo, pero evitó comentar los motivos de su renuncia.
Acusaciones de doble estándar y presión internacional
La investigación de la CPI sobre Venezuela, iniciada hace tres años, ha generado críticas por su lentitud. A petición de varios gobiernos latinoamericanos, el caso analiza presuntos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo torturas y asesinatos de manifestantes antigubernamentales.
Organizaciones y líderes de la oposición venezolana han señalado un doble estándar, comparando la falta de acción contra Maduro con las acusaciones rápidas contra otros líderes como Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu.
En una reciente carta, los opositores María Corina Machado y Edmundo González pidieron a los asesores de la CPI acelerar el proceso. “Este retraso injustificable arrojará dudas legítimas sobre la integridad de un sistema de rendición de cuentas que ha sido una aspiración para todo el mundo”, afirmaron.
Conflictos de interés y tensiones en la investigación
El proceso también enfrenta acusaciones de conflicto de interés por la relación entre Khan y su cuñada, Venkateswari Alagendra, quien ha representado al gobierno de Maduro en audiencias ante la CPI. Aunque la oficina de Khan niega cualquier influencia indebida, este vínculo ha generado cuestionamientos sobre la independencia del fiscal.
Expectativas regionales
Con más de 7 millones de venezolanos desplazados, gobiernos vecinos exigen avances en el caso. Organismos como Human Rights Watch han señalado que la CPI es la única vía viable para garantizar justicia debido a la falta de independencia judicial en Venezuela.
“La oficina del fiscal ha pasado demasiado tiempo, hasta ahora infructuosamente, tratando de trabajar con las autoridades de Venezuela para impulsar investigaciones nacionales”, afirmó Juan Papier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
La situación aumenta la presión sobre Khan, quien enfrenta críticas tanto por la lentitud en el caso venezolano como por recientes señalamientos de conducta indebida en otros casos.
