Fort Lauderdale, Florida, EE.UU., 7 dic.- El fiscal del condado de Broward, Harold F. Pryor, anunció este viernes que iniciará el proceso para anular hasta 2,600 condenas de personas implicadas en una controvertida operación encubierta realizada entre 1988 y 1990, en la que la Oficina del Sheriff fabricó crack y lo vendió para realizar arrestos.
Contexto de la operación encubierta
Durante los años 80 y principios de los 90, en plena epidemia de crack, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward implementó un programa en el que fabricaba crack y utilizaba agentes encubiertos para venderlo a consumidores. Estas prácticas derivaron en numerosas detenciones, principalmente de personas adictas, quienes enfrentaron cargos graves, como la compra de drogas cerca de escuelas, lo que conllevaba sentencias mínimas obligatorias de tres años.
En 1993, la Corte Suprema de Florida dictaminó que fabricar y vender drogas en operaciones encubiertas violaba el debido proceso, prohibiendo estas tácticas. Sin embargo, muchas condenas relacionadas con esas prácticas permanecen en los registros judiciales.
El esfuerzo por corregir el pasado
Pryor explicó que la revisión de archivos históricos reveló que muchas de estas personas todavía tienen antecedentes penales activos. “Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”, afirmó en un comunicado. El plan cuenta con el respaldo del alguacil del condado, Gregory Tony, quien también abogó por reparar los errores del pasado.
Impacto en las comunidades
Las tácticas empleadas en esa época generaron críticas por enfocarse en consumidores vulnerables en lugar de grandes traficantes. Ed Hoeg, abogado defensor que litigó uno de los casos que llevó a la prohibición de estas prácticas, recordó: “Vendían crack a menos de 300 metros de las escuelas, aumentando las penas para personas que ya estaban en situaciones desesperadas”.
La fabricación de crack por parte de la policía también evitaba la necesidad de analizar químicamente las drogas incautadas, según informes de la época, lo que facilitaba los operativos pero generaba cuestionamientos éticos y legales.
El proceso de revisión
El fiscal Pryor indicó que el proceso de revisión y anulación de condenas tomará tiempo considerable, pero aseguró que su oficina notificará a las personas afectadas. Además, algunos exacusados podrán solicitar la eliminación o sellado de sus antecedentes penales, lo que podría ayudarles a superar barreras en empleo, vivienda y otras áreas.
Este caso resalta cómo las políticas antidrogas de décadas pasadas impactaron desproporcionadamente a comunidades marginadas, y el esfuerzo actual busca brindar justicia retroactiva a las personas afectadas.
