Bogotá, 5 dic.- Un alarmante 99 % de los casos de acoso sexual en Colombia no alcanzan condena judicial, y el 78 % de los feminicidios permanecen en la impunidad, según un informe revelado este jueves por la Red Nacional de Mujeres (RNM).

El documento, presentado como evaluación de los 15 años de la Ley 1257 de 2008 sobre violencias contra las mujeres, también señala la insuficiencia de las medidas de protección, la limitada cobertura de servicios legales y el lento avance en la implementación de políticas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.

Datos sobre la impunidad judicial

Entre 2010 y 2023, se reportaron 28.080 casos de acoso sexual en el país. Sin embargo, solo un 6 % alcanzaron la etapa de juicio, y apenas 296 concluyeron en condena, lo que significa que el 99 % de los casos quedan sin castigo.

En cuanto a los feminicidios, de 2.306 ocurridos entre 2021 y 2023, únicamente el 22 % culminaron en ejecución de penas, dejando el 78 % en la impunidad.

Otros delitos, como violencia intrafamiliar y delitos sexuales, también muestran cifras preocupantes: el 97 % de los casos no superan la etapa de indagación, según la Fiscalía.

DelitoCasos reportados (2021-2023)Casos con condena (%)Impunidad (%)
Acoso sexual28.0801 %99 %
Feminicidio2.30622 %78 %
Violencia intrafamiliarCasi 400.0003 %97 %

Incremento de la violencia de género

El informe también destaca un aumento significativo en los casos de violencia de género en los últimos tres años. En 2021 se registraron 116.302 casos, mientras que en 2023 esta cifra ascendió a 158.394, lo que representa un incremento promedio anual del 13 %.

Obstáculos institucionales y sociales

El estudio detalla las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, incluyendo:

  • Falta de recursos adecuados: Servicios especializados y personal capacitado son insuficientes.
  • Estereotipos de género: Persiste la revictimización de las mujeres durante los procesos judiciales.
  • Escasa implementación de políticas: Las instituciones no priorizan la asignación de recursos ni el seguimiento efectivo de las denuncias.

“La implementación de la Ley 1257 ha sido lenta e insuficiente. Estos datos reflejan un sistema judicial que no protege adecuadamente a las mujeres”, concluye la RNM, instando a las autoridades a tomar acciones inmediatas para erradicar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

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