Mérida, 27 Nov.- El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha citado a declarar como investigados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero, en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y ha implicado a otras siete personas, quienes también deberán comparecer ante la justicia.
La jueza Beatriz Biedma, encargada del caso, ha tomado esta decisión después de más de cinco meses de investigación, durante los cuales la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en tres ocasiones en la Diputación para obtener información, incluidas incautaciones de correos electrónicos y solicitudes de informes tributarios y bancarios. Tras revisar el informe de la UCO, la jueza ha considerado que existen indicios racionales de criminalidad relacionados con delitos contra la administración pública, como la prevaricación y el tráfico de influencias. Aunque en el caso de la malversación no se han encontrado indicios claros, se ha solicitado información adicional a una entidad bancaria sobre depósitos relacionados con David Sánchez.
En particular, la jueza se ha centrado en la modificación de puestos de trabajo en la Diputación, y ha solicitado documentos relevantes sobre estos cambios, específicamente en relación con el puesto de David Sánchez, quien pasó de ser coordinador de actividades de los conservatorios de música a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. En cuanto al supuesto incremento patrimonial de Sánchez, aunque no se ha encontrado evidencia de un patrimonio injustificado, se ha solicitado al banco que clarifique el valor nominal de las acciones a nombre del investigado.
El caso sigue su curso, y en la fecha señalada para las declaraciones, se espera que David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, y otros involucrados aclaren su participación en estos presuntos delitos, mientras que el diputado autonómico Antonio Garrote, por su condición de aforado, deberá ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura si se confirma la existencia de pruebas suficientes.
