Ginebra, 25 nov.- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU expresó este lunes su “profunda preocupación” por la reciente enmienda a la Constitución de Nicaragua, aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, que otorga al Gobierno de Daniel Ortega un control “prácticamente ilimitado” sobre la población.
Según los expertos, la reforma, que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el rol de la vicepresidenta Rosario Murillo (esposa de Ortega) a “copresidenta” y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa, busca “legalizar y consolidar un control sobre el poder sin restricciones”. Además, señala que esta reforma parece formalizar la disolución de facto de la separación entre los poderes del Estado, lo que representa una seria amenaza para la democracia y los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Reformas Controvertidas y Acusaciones de Autoritarismo
La reforma, que constituye la duodécima modificación a la Constitución desde que Ortega regresó al poder en 2007, también establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia, y autoriza la intervención del ejército en la acción policial interna, si el Gobierno lo solicita. Este conjunto de cambios legislativos ha sido calificado por los expertos de la ONU como un intento de consolidar un régimen autoritario, con el potencial de profundizar aún más la crisis democrática en Nicaragua.
En respuesta a estos desarrollos, el grupo de expertos ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que presione al Gobierno de Ortega a restablecer la separación de poderes y otros principios democráticos, en línea con sus obligaciones internacionales. El presidente del grupo, Jan-Michael Simon, calificó la reforma como un paso más hacia la centralización del poder en manos de Ortega y su círculo cercano, y resaltó la preocupación por la desaparición de las garantías constitucionales para los ciudadanos.
Violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua
Este pronunciamiento llega tras varias denuncias de abusos sistemáticos por parte del régimen de Ortega, especialmente contra el sector universitario. En su último informe, publicado el 8 de noviembre, los expertos de la ONU documentaron graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y asesinatos de estudiantes durante las protestas de 2018. El régimen nicaragüense también ha sido acusado de deportar a líderes universitarios y de atacar de manera sistemática a la oposición política y a los defensores de los derechos humanos.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos ha estado investigando las violaciones en Nicaragua desde su creación en 2022, y ha emitido varios informes denunciando los abusos del régimen de Ortega. El informe más reciente destacó cómo las agresiones contra el sector estudiantil podrían constituir crímenes de lesa humanidad, dada la magnitud y la naturaleza de los ataques.
Este creciente autoritarismo y la supresión de las libertades fundamentales en Nicaragua continúan siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional, que ha expresado su apoyo a la lucha por los derechos humanos en el país centroamericano.
