Lima, 21 nov.- Gustavo Adrianzén, primer ministro de Perú, reconoció este jueves que el gobierno liderado por Dina Boluarte enfrenta serios problemas de comunicación y credibilidad, lo que ha llevado sus niveles de aprobación al mínimo histórico del 3 %, según las últimas encuestas.
Crisis de confianza en el gobierno
Durante una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Adrianzén afirmó:
“No estamos haciendo clic con la población. No podemos transmitir adecuadamente los mensajes”.
El funcionario atribuyó este deterioro no solo a fallas en la estrategia de comunicación, sino también al desgaste generalizado de la clase política en el país. Señaló que este fenómeno ha dificultado que los ciudadanos confíen en cualquier mensaje emitido por figuras políticas.
“Es muy difícil reconstruir la confianza. No hay buena noticia que, en boca de un político, hoy día sea creíble”, lamentó Adrianzén.
Contexto político complicado
El primer ministro recordó que, antes de la llegada de Dina Boluarte al poder en 2022, Perú había atravesado una etapa de alta inestabilidad política, con seis presidentes en cinco años. Este historial, señaló, ha generado un “arrastre” negativo que afecta al actual gobierno.
No obstante, evitó profundizar en posibles errores de su gabinete que hayan contribuido a esta crisis de confianza.
Un contacto diferente en las regiones
Adrianzén destacó que, a pesar de las críticas y los bajos índices de popularidad, en sus visitas frecuentes al interior del país ha encontrado un ambiente diferente:
“En el interior del país percibo otro feeling (vínculo) con la población”.
Desafíos inmediatos
La administración de Boluarte enfrenta una complicada tarea para recuperar la confianza ciudadana en medio de un contexto de desafección generalizada hacia la política. Expertos coinciden en que será necesario un cambio profundo en las estrategias de comunicación y en la implementación de políticas que respondan directamente a las necesidades de la población.
El deterioro político en Perú no solo afecta la gobernabilidad actual, sino que también pone en duda la estabilidad del sistema democrático en el corto plazo.
