Arizona aprueba ley migratoria más severa que otorga poderes a la policía y convierte en crimen cruzar la frontera irregularmente

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En esta imagen de archivo, un grupo de personas que dice proceder de India cruza las puertas abiertas del muro fronterizo, en el sector de Tucson de la frontera entre Estados Unidos y México, el 29 de agosto de 2023, en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, cerca de Lukeville, Arizona. (AP Foto/Matt York, archivo)

Tucson (EE.UU.), 6 de nov.- Los votantes de Arizona aprobaron este miércoles una de las leyes migratorias más estrictas de Estados Unidos, la Propuesta 314, que convierte en un crimen el cruce irregular de la frontera con México y otorga amplios poderes migratorios a las fuerzas policiales del estado, según informaron medios locales.

Con un 63 % de apoyo en las urnas, la propuesta permitirá a los departamentos policiales arrestar a migrantes indocumentados y aplicar las leyes federales de migración, además de otorgar inmunidad a los agentes ante posibles demandas mientras ejecutan estas medidas. La ley también da a los jueces estatales, no especializados en inmigración, la facultad de emitir órdenes de deportación.

La legislación establece sanciones para los migrantes que presenten documentos falsos para obtener beneficios públicos o empleo y exige a las agencias gubernamentales verificar la información de los solicitantes utilizando el sistema federal E-Verify.

Además, la propuesta incluye sanciones más duras contra el tráfico de fentanilo, especialmente en casos de muertes relacionadas con esta droga.

La medida ha sido comparada con la controvertida ley SB1070 de 2010, que ya permitió a la policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas. Sin embargo, la Propuesta 314 va más allá al otorgar el poder de arrestar y detener a los migrantes sospechosos de haber cruzado ilegalmente la frontera.

A pesar de las críticas de grupos civiles y organizaciones pro inmigrantes, la nueva ley ha generado controversia incluso entre algunos departamentos policiales del estado. Los opositores argumentan que, aunque la ley aborda el problema de la inmigración ilegal, no proporciona los recursos adicionales necesarios para su efectiva implementación.

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