Roma, 19 oct.- La llegada este sábado a Italia de doce migrantes que permanecían en centros de retención en Albania marca un nuevo golpe al sistema de externalización migratoria que, a pesar de las reservas judiciales, el Gobierno de Giorgia Meloni busca mantener a través de medidas legislativas.
Los migrantes fueron trasladados a un centro de acogida de solicitantes de asilo en Bari, tras la llegada de un barco de la Guardia Costera italiana. Se espera que presenten recurso ante el rechazo de sus solicitudes de asilo emitido por Italia en un procedimiento acelerado desde Albania.
La estrategia del Gobierno italiano, liderado por Meloni, se centra en externalizar la gestión de la recepción, solicitud de asilo y deportación de migrantes. Sin embargo, con la llegada de los migrantes, los centros de retención construidos bajo el controvertido pacto entre Roma y Albania han quedado vacíos.
Esta situación se produce después de que una corte de primera instancia en Roma dictara que los migrantes debían ser trasladados a Italia, argumentando que sus países de origen, Egipto y Bangladesh, no eran seguros, lo que invalidaba su retención en Albania. Esta decisión se alinea con una sentencia del Tribunal de Justicia europeo emitida el 4 de octubre, que ha desencadenado una disputa entre el Gobierno italiano y el sistema judicial.
La tensión entre ambos poderes podría intensificarse en los próximos días, ya que el Ejecutivo planea implementar medidas legislativas para eludir las implicaciones del fallo judicial y continuar con la reubicación de migrantes a Albania, un sistema que ha suscitado el rechazo de la oposición italiana, que pide su desmantelamiento.
Durante la reunión del Consejo de Ministros programada para el lunes, Meloni ha manifestado su intención de buscar “una solución” a la controversia planteada por el poder judicial. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, también ha confirmado que el Gobierno tomará acciones legislativas para mantener activo el acuerdo con Tirana.
Se ha informado que la coalición de Meloni está considerando la aprobación de un decreto-ley que cambiaría la normativa sobre la designación de países de origen de migrantes como “seguros”, un punto central en la disputa con el Gobierno, que sostiene que el poder judicial se está entrometiendo en un asunto de competencia ejecutiva.
La lucha contra la migración irregular es un pilar fundamental de la agenda de Meloni, que ha contribuido al ascenso de la ultraderecha en Italia en los últimos años. En respuesta a la situación, la oposición ha instado a la primera ministra a respetar el dictamen judicial.
Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, la principal fuerza opositora, afirmó: “Nadie está por encima de las leyes europeas, internacionales e italianas, y menos los que gobiernan”. Asimismo, Riccardo Magi, secretario general del partido Más Europa, criticó a Meloni por intentar sujetar la justicia a sus políticas, recordando que “ganar las elecciones no significa poder sacudir la separación de poderes o violar las normas”. Magi concluyó su declaración advirtiendo que “no estamos aún en la Hungría” de Viktor Orbán, sugiriendo que el Gobierno italiano está poniendo en riesgo los cimientos del sistema judicial.