Asunción, 12 oct. – Paraguay enfrenta una grave crisis penitenciaria, con el hacinamiento como uno de los problemas más persistentes en sus centros de reclusión, a pesar de los esfuerzos del gobierno por retomar el control de las cárceles. En la prisión más grande del país, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, una intervención a gran escala hace nueve meses buscó frenar la influencia del Clan Rotela, un poderoso grupo criminal que domina tanto dentro como fuera de las cárceles. La operación dejó un saldo de diez muertos, decenas de heridos y la transferencia de más de 700 reclusos a otras instalaciones.
Sin embargo, Tacumbú sigue mostrando las cicatrices de la intervención, y el hacinamiento continúa afectando gravemente las condiciones de vida en su interior. Al igual que en otras prisiones de Paraguay, los internos se ven obligados a compartir celdas diseñadas para cuatro o cinco personas, con casos en los que hasta quince prisioneros se amontonan en un espacio reducido, sin privacidad ni condiciones adecuadas. Mientras tanto, en la cárcel de mujeres de El Buen Pastor, en Asunción, se observa una situación completamente distinta, con un ambiente más ordenado y sin los niveles de sobrepoblación que aquejan a las prisiones de hombres.
Según el Balance Anual de Gestión Pública de 2023, presentado por el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario paraguayo tiene capacidad para 9.975 personas, pero actualmente alberga a 17.675 reclusos, lo que representa una tasa de sobrepoblación del 177%. Las condiciones en estas cárceles reflejan problemas comunes a muchas otras de América Latina, como la falta de camas, lo que obliga a los internos a dormir en colchonetas en el suelo, y la ausencia de espacios adecuados para comer o recrearse.
Durante una visita realizada por Associated Press a diversas cárceles, incluidos los centros penitenciarios de Villarica, Emboscada y Coronel Oviedo, se evidenció la precariedad en la que viven los prisioneros. Las autoridades penitenciarias, desarmadas y con una relación cercana con los internos, permiten ciertos grados de flexibilidad, como la posibilidad de hacer fogatas en invierno para combatir el frío o consumir las comidas en los pasillos. Sin embargo, esta flexibilidad no oculta las difíciles condiciones de vida, que incluyen temperaturas extremas en verano, con solo un ventilador para refrescar a decenas de hombres aglomerados.
Uno de los factores que agrava el problema del hacinamiento es la lentitud del sistema judicial. Según datos oficiales, solo el 33,5% de las personas privadas de libertad en Paraguay han recibido una condena, lo que deja a miles de reclusos en espera de un juicio por meses o incluso años. Uno de estos casos es el de Atiliano Cuyer, de 64 años, quien ha pasado casi 10 meses encarcelado sin haber sido condenado, acusado de violencia intrafamiliar. Como él, más de 11.000 personas enfrentan la incertidumbre de un proceso judicial lento y costoso.
La situación de las cárceles en Paraguay refleja un sistema penitenciario que lucha por superar desafíos estructurales y garantizar condiciones humanas mínimas para su población reclusa. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por controlar el crimen organizado dentro de las prisiones, el hacinamiento sigue siendo un problema crítico que las autoridades aún no han podido resolver.
