La Paz, 4 oct.- El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, criticó este jueves al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por destituir a los fiscales que investigaban al expresidente Evo Morales (2006-2019) en un caso de trata de personas, y reveló que su despacho está investigando tres casos de violación en los que el exmandatario está presuntamente involucrado.
Durante una rueda de prensa en La Paz, Del Castillo exigió explicaciones del fiscal Lanchipa sobre la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros fiscales que llevaban adelante la investigación. “El fiscal Lanchipa debe rendir un informe al pueblo boliviano y explicar por qué ha cesado de sus funciones a la fiscal Gutiérrez y a los fiscales de materia que estaban investigando el caso”, afirmó el ministro.
Gutiérrez denunció que fue retirada de su cargo luego de que Lanchipa ordenara frenar una orden de captura contra Morales, relacionada con una investigación por trata y tráfico de personas. Sin embargo, el fiscal general respondió que la destitución de la fiscal se debió a “conducta negligente” por parte de la funcionaria y negó haber dado instrucciones para detener el proceso contra el exmandatario.
Del Castillo también señaló que su despacho ha recibido denuncias sobre tres casos de violación supuestamente cometidos por Morales y que no descarta la aparición de más denuncias. “Estamos recibiendo denuncias de manera formal e informal, y si encontramos elementos de convicción, pediremos las sanciones correspondientes”, afirmó.
El ministro también expresó su descontento con la jueza que anuló la orden de captura contra Morales, trasladando el proceso de la región de Santa Cruz a Villa Tunari, un área cocalera en Cochabamba considerada el bastión político y sindical del expresidente.
La investigación sobre Morales por trata de personas se basa en un presunto delito cometido en 2015, cuando la víctima tenía 15 años, en una provincia de Tarija. Del Castillo aseguró que el Ministerio de Gobierno participará activamente en el caso para garantizar justicia para la víctima.
Este caso surge en medio de las tensiones internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, entre los seguidores de Morales y del actual presidente Luis Arce, que compiten por el control del partido de cara a las elecciones generales de 2025.
