Lima, 3 oct.- En respuesta a la creciente criminalidad denunciada por gremios de transportistas y empresarios, el Gobierno de Perú presentó este jueves un proyecto de ley que califica como “terrorismo urbano” a los delitos de extorsión, secuestro y sicariato. Esta medida busca endurecer las sanciones contra quienes cometan estos delitos y responde a la creciente inseguridad ciudadana que ha sacudido al país en los últimos meses.
El proyecto plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, con el objetivo de fortalecer las acciones de lucha contra el crimen organizado. Entre las reformas propuestas se incluye la cadena perpetua para aquellos involucrados en estos delitos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, un agravante que busca frenar la participación de agentes de seguridad en actividades delictivas.
Antecedentes y contexto
El anuncio del proyecto de ley se produce una semana después de que el gremio de transportistas realizara un paro en Lima para protestar contra las extorsiones que afectan al sector. A su vez, los empresarios han manifestado su preocupación, alegando que el crimen organizado ha establecido un “gobierno en paralelo”, el cual, según afirman, está “ganando la batalla” contra el Estado, generando un grave impacto en la seguridad y la economía del país.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo peruano busca dar una respuesta contundente a la delincuencia y mostrar su compromiso con el restablecimiento del orden y la paz en el país, en un momento en el que la criminalidad ha llegado a niveles alarmantes.
