Quito, 19 sep.- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha sentenciado a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), a cinco años de prisión tras declararlo culpable del delito de peculado, según lo confirmaron en comunicados oficiales tanto el máximo órgano judicial del país como la Fiscalía.
La Sala Especializada de lo Penal, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional revocó la decisión absolutoria de 2020 y aceptó el recurso interpuesto por la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría. En el caso conocido como ‘Secom’, los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Julio Inga dictaron la pena máxima para Alvarado y Galo P., exsubsecretario de Comunicación, al encontrarlos responsables como coautores del delito de malversación de fondos públicos.
Alvarado, quien se encuentra fuera de Ecuador desde 2018 tras evadir la justicia removiéndose el grillete electrónico que tenía como medida cautelar, ha sido una figura polémica desde entonces. Su huida provocó un amplio debate en el país sobre la efectividad de las medidas de control como los grilletes electrónicos. En su momento, Alvarado denunció que su persecución obedecía a razones políticas, señalando a adversarios de Correa y al Gobierno de Lenín Moreno como responsables de su situación.
Además de Alvarado y Galo P., el tribunal condenó a Carlos B. a un año y ocho meses de prisión como cómplice, y a Pablo Y. a un año de cárcel, luego de recibir una reducción del 80 % de la pena por colaborar con la Fiscalía.
Todos los condenados deberán indemnizar al Estado ecuatoriano con un monto total de 225.000 dólares, que será repartido de manera proporcional según su grado de responsabilidad en el delito. Adicionalmente, los involucrados han perdido sus derechos de participación política tras la sentencia.
El proceso judicial reveló irregularidades en la contratación de Víctor Hugo E. como técnico audiovisual, quien no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo. Según la Fiscalía, este funcionario estaba vinculado laboralmente al Estado, pero también entregaba productos comunicacionales a Carlos B., quien utilizaba ese trabajo para su beneficio personal.
La Fiscalía sostuvo que se demostró que la Secretaría de Comunicación pagó dos veces por el mismo material audiovisual, lo que permitió corroborar el esquema de malversación en el caso ‘Secom’.