Madrid, 19 sep.- El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido a los juzgados de Barcelona los informes policiales sobre la entrada en España y la posterior huida del expresidente catalán Carles Puigdemont en agosto pasado, sin ser detenido, ante la posibilidad de que se cometieran delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
El magistrado, al no tener competencias para investigar el caso, ha señalado que no se puede descartar la implicación de otras personas en estos delitos, por lo que ha enviado la documentación a los juzgados de Barcelona para que actúen según proceda.
Aparición de Puigdemont en Barcelona y su huida
El pasado 8 de agosto, Carles Puigdemont, con una orden de detención vigente, apareció en Barcelona y pronunció un breve discurso en el paseo de Lluis Companys, cerca de un importante dispositivo policial desplegado por la investidura del socialista Salvador Illa. Sin embargo, Puigdemont logró escabullirse entre la multitud y salir de España sin ser detenido.
Respuestas del Ministerio del Interior y los Mossos d’Esquadra
Tras recibir informes del Ministerio del Interior y los Mossos d’Esquadra, el juez Llarena concluyó que no había impedimentos para que el dispositivo policial hubiera detenido a Puigdemont durante su discurso. Aunque los Mossos señalaron dificultades para detenerlo debido a la aglomeración de personas y la posible ayuda de tres individuos en su fuga, Llarena considera que no se justifican los fallos en la detección y seguimiento del expresidente.
Detención de agentes implicados
Tres agentes de los Mossos d’Esquadra fueron detenidos por su supuesta colaboración en la huida de Puigdemont. Dos de ellos han sido suspendidos de empleo y sueldo de manera cautelar.
La Fiscalía descarta delitos para Aragonès y Rull
Por otro lado, la Fiscalía no ha encontrado pruebas para investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Parlament, Josep Rull, ni a la cúpula de los Mossos, alegando que no hay indicios de que dieran órdenes para evitar la detención de Puigdemont. A pesar de las críticas sobre el operativo, la Fiscalía considera que no hubo acciones deliberadas de encubrimiento por razones políticas.