Quito, 13 de septiembre de 2024 – La violencia en las prisiones ecuatorianas sigue desbordándose con el reciente asesinato de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa del país, ubicada en Guayaquil. Este homicidio marca el segundo en menos de diez días y el tercero en lo que va del año, evidenciando la continua lucha entre el gobierno del presidente Daniel Noboa y las poderosas bandas criminales que controlan los centros penitenciarios.
El crimen organizado ha dirigido su atención hacia los funcionarios penitenciarios, quienes han sido objetivos recurrentes de ataques en medio de las medidas de “mano dura” impuestas por Noboa para intentar recuperar el control de las cárceles. La militarización de estos centros ha generado tensiones desde principios de año, cuando el mandatario declaró un estado de excepción y un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, especialmente dentro de las prisiones más conflictivas.
El asesinato de Icaza, ocurrido mientras se trasladaba a un hospital, se suma a los de Damián Parrales, director de la cárcel de El Rodeo, en Manabí, y Álex Guervara, responsable de la prisión de Lago Agrio, en Sucumbíos, quienes también fueron víctimas de atentados a lo largo del año. La Fiscalía ecuatoriana ha abierto una investigación sobre el caso, aunque hasta el momento no se han identificado a los autores del crimen.
El hermano de Icaza expresó su indignación por la falta de respuesta gubernamental, criticando duramente al presidente Noboa y a las autoridades por no haber protegido a su hermana. “Aún nadie nos ha llamado ni siquiera para decir ‘lo siento’. Gracias, Daniel Noboa. Todo está bien. Ecuador está ‘mucho mejor'”, declaró irónicamente, añadiendo que su hermana nunca se dejó corromper por el dinero y que solo buscaba cumplir con su deber.
Hasta ahora, ni el presidente ni ninguna otra autoridad del gobierno han emitido comentarios sobre el asesinato, más allá de las condolencias formales ofrecidas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Un escenario de violencia y control criminal
La Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de las peores masacres carcelarias en Ecuador, donde entre 2021 y 2023, más de 500 reclusos fueron asesinados en violentos enfrentamientos entre bandas rivales. Este complejo penitenciario alberga a más de 6.000 presos, la mayoría bajo el control de grupos criminales que, hasta hace poco, mantenían el dominio absoluto sobre los pabellones.
A pesar de que las masacres dentro de las cárceles han disminuido en los últimos meses gracias a la intervención militar, la violencia no ha cesado completamente, y los guardias y directores de prisiones siguen siendo blancos de las bandas criminales. La entrada de las fuerzas armadas en estos recintos también ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y una crisis humanitaria provocada por la falta temporal de suministro de alimentos en varias cárceles.
El asesinato de Icaza refuerza la percepción de que, aunque el control de las prisiones haya sido parcialmente retomado, las bandas criminales continúan ejerciendo una fuerte influencia dentro y fuera de los muros carcelarios.
