Ciudad de México, 27 agosto.- Unos 2.000 manifestantes, compuestos por trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México, participaron este lunes en una protesta contra la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces por voto popular. La movilización tuvo lugar en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, en el marco de un paro de labores convocado por el sector judicial.
La manifestación se realizó por la tarde-noche, después de que la reforma fuera aprobada en lo general y en lo particular en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Los manifestantes expresaron su rechazo a la reforma con consignas como “¡Justicia independiente, derecho de la gente!” y portaban pancartas con mensajes en defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, señalando: “¡Decimos NO a la reforma y a la elección de jueces por voto popular!”.
La polémica reforma, propuesta en febrero por López Obrador, avanza tras recibir 22 votos a favor del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, y 17 en contra por parte de la oposición. El dictamen aprobado perfila elecciones judiciales y una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo la reducción de los ministros de 11 a 9 y la modificación de su mandato de 15 a 12 años.
Entre otras disposiciones, la reforma propone la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Corte, ajustes salariales, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones.
La votación final de la reforma en el pleno del Congreso está prevista para septiembre, momento en el que el oficialismo contará con los dos tercios necesarios para modificar la Constitución.
La reforma ha generado preocupación en organismos internacionales, como la ONU, y en los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que han alertado sobre las posibles repercusiones económicas y políticas. Además, calificadoras y entidades financieras han advertido sobre los riesgos asociados a la aprobación de esta y otras reformas del gobierno mexicano.
