Lima, 12 agosto.- Edgar Stuardo Ralón, relator país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha comenzado una visita a Perú este lunes, la cual no había sido previamente anunciada. La visita tiene como objetivo principal dialogar sobre el informe de la CIDH que aborda las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, en el que se denuncia un “excesivo uso de fuerza” por parte del Estado peruano.
El Gobierno peruano ha recibido a Ralón y a su delegación con una bienvenida formal, según un comunicado difundido por la Cancillería. La misión del comisionado incluye discutir las recomendaciones hechas en el informe de la CIDH de 2023 y verificar el avance en su implementación.
La primera reunión oficial de Ralón se realizó en la sede de la Cancillería, presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, y de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Durante la reunión, el Gobierno peruano reiteró su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con la implementación de las recomendaciones de la CIDH.
Ralón continuará su visita con reuniones programadas con altos funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con varios organismos autónomos, entre ellos el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y la Defensoría del Pueblo.
El informe de la CIDH de 2023 documentó un uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte, que resultó en más de 70 muertes entre finales de 2022 e inicios de 2023. La CIDH también criticó la violencia en Ayacucho, donde el Ejército fue responsable de la muerte de ocho manifestantes, sugiriendo que estos eventos podrían considerarse como una «masacre» y requieren una investigación con un enfoque étnico-racial.
El organismo internacional ha instado al Gobierno de Boluarte a investigar estos casos de uso excesivo de fuerza y a tomar medidas para reparar a las víctimas. Además, ha recomendado abrir un diálogo con las partes afectadas, en particular con los grupos indígenas, que han demandado una mayor participación política para superar la crisis en el país.
