El Gobierno Español Modificará la Legislación de Alquileres Temporales para Controlar la Vivienda Turística

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Madrid, 4 julio.- El Gobierno español planea introducir cambios significativos en la legislación de alquileres temporales con el objetivo de controlar el mercado de vivienda turística, que se considera uno de los factores que alimenta la burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que la reforma obligará a incluir en los contratos los motivos que justifican la temporalidad en el arrendamiento. Además, estos contratos deberán registrarse en una nueva plataforma que el Ejecutivo pretende tener operativa antes de 2025. Esta plataforma centralizará las distintas modalidades de alquiler, buscando proporcionar seguridad jurídica y garantizar que no se eluda la legislación vigente sobre alquileres de temporada.

Objetivos de la Reforma

El Gobierno del presidente Pedro Sánchez busca, mediante una modificación legal por real decreto, frenar el uso de alquileres temporales para sortear la Ley de Vivienda y mitigar las tensiones en el mercado residencial. Se espera que estos cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se implementen antes del lanzamiento de la plataforma de registro único, que es una propuesta europea prevista para 2026.

Rodríguez señaló que Vivienda quiere dar la máxima celeridad a este real decreto en las próximas semanas.

Impacto en el Mercado

Según un informe reciente del portal inmobiliario Idealista, la oferta de alquileres de temporada se incrementó un 56 % en el primer trimestre del año, representando el 11 % del total de alquileres disponibles.

Poder de Veto para los Vecinos

El Ejecutivo también pretende modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus comunidades. Además, se busca que el alquiler turístico se considere una actividad económica más, sujeta a los mismos criterios fiscales, incluyendo el Impuesto de Valor Añadido (IVA).

Para abordar este “ajuste quirúrgico”, Vivienda iniciará una ronda de contactos con otros partidos políticos y sectores afectados. “Con este drama no se puede mirar hacia otro lado y tenemos que actuar todos”, declaró la ministra en una rueda de prensa.

Reacciones y Críticas

Los Sindicatos de Inquilinos han expresado su insatisfacción con la estrategia del Gobierno, argumentando que las medidas son ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los arrendatarios. Temen que la plataforma propuesta por el Ministerio sea un sistema encubierto de licencias y apuntan que la necesidad de justificar la causa del alquiler temporal deja fuera a quienes necesitan una vivienda para uso habitual.

Los sindicatos demandan una regulación más amplia que incluya el alquiler de habitaciones y el “coliving”, una propuesta respaldada por los socios de izquierda y nacionalistas del Gobierno.

Pacto de Estado por el Turismo

La alianza turística Exceltur pidió este miércoles un pacto de Estado por el turismo que se traslade a los niveles regional y local, para promover un futuro turístico “más sostenible y empático” con la ciudadanía local y como fórmula para combatir la creciente ‘turismofobia’.

Medidas Locales

Algunas ciudades ya han tomado decisiones para limitar la actividad de los negocios turísticos. Barcelona ha sido la más contundente, anunciando que no se concederán más licencias turísticas ni se renovarán las existentes, lo que implica que en 2029 los 10.101 pisos turísticos actuales perderán esa condición.

Madrid, por su parte, ha decidido temporalmente no conceder nuevas licencias turísticas. Según el Ayuntamiento, en mayo había 1.008 viviendas de uso turístico, mientras que la oposición apunta a que las ilegales denunciadas alcanzan las 10.134 residencias.

Conclusión

El Gobierno español está decidido a reformar la legislación de alquileres temporales para abordar los desafíos del mercado de vivienda turística y proteger el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. Con estas medidas, se espera equilibrar la oferta y la demanda en el mercado residencial, garantizando una mayor transparencia y seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos.

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