MADRID, 19 Mayo.— El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha situado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionada con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Según el auto judicial de 85 páginas, parte de los fondos públicos habrían terminado en sociedades vinculadas al entorno familiar del exmandatario socialista mediante una estructura empresarial opaca con ramificaciones en Emiratos Árabes Unidos. El magistrado sostiene que la investigación detectó pagos por un total de 1.948.857 euros presuntamente dirigidos a Zapatero y a empresas relacionadas con sus hijas.
La resolución judicial atribuye al expresidente un supuesto papel de liderazgo dentro de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediación y acceso privilegiado a altos cargos del Estado en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.
Presuntos pagos al entorno de Zapatero
De acuerdo con la investigación, 1.525.078 euros habrían sido abonados directamente al expresidente, mientras que otros 423.779 euros terminaron en Whathefav, una empresa administrada por sus hijas. El auto también menciona un contrato equivalente al 1 % del rescate público —unos 530.000 euros— relacionado con sociedades instrumentales en Dubái.
El juez sostiene que diferentes empresas implicadas en la operación habrían transferido fondos al entorno de Zapatero mediante contratos de asesoría y consultoría utilizados presuntamente como cobertura documental para justificar el movimiento del dinero.
Entre las sociedades investigadas figuran Análisis Relevante, Gate Center y firmas vinculadas al grupo Thinking Heads. Según la Unidad de Delincuencia Econica y Fiscal (UDEF), parte significativa de los fondos recibidos por estas compañías terminó canalizada hacia el entorno societario del expresidente.
Una red con sociedades en Dubái
La investigación apunta además a la creación de sociedades offshore en Emiratos Árabes Unidos para ocultar el destino final de los fondos. El auto judicial menciona específicamente a Landside Dubai FZCO y Landside Middle East FZCO, empresas que habrían sido constituidas presuntamente siguiendo instrucciones del entorno de Zapatero.
El magistrado considera que la utilización de estas estructuras internacionales podría encajar en posibles delitos de blanqueo de capitales debido al uso de jurisdicciones consideradas de baja transparencia financiera y mecanismos destinados a dificultar la trazabilidad del dinero.
Según el instructor, la secuencia de contratos, pagos y creación de sociedades revela una estrategia diseñada para desvincular formalmente al expresidente de la operativa financiera investigada.
Dos vías de presión para lograr el rescate
El auto judicial sostiene que los directivos de Plus Ultra habrían activado dos líneas paralelas de influencia para conseguir el rescate de la SEPI: una a través del exministro José Luis Ábalos y otra mediante Zapatero.
Sin embargo, el juez considera que la vía vinculada al expresidente socialista tuvo un “papel predominante” en la obtención de la ayuda pública. La resolución indica que la red buscaba específicamente una decisión administrativa concreta: la aprobación y desembolso de los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
El instructor también destaca mensajes intervenidos en los que algunos investigados celebraban la concesión del rescate antes de la aprobación formal por parte del Consejo Gestor de la SEPI en marzo de 2021, algo que el juez interpreta como un posible acceso anticipado a información privilegiada.
Citación judicial y reacción política
Pedro Sánchez y dirigentes del PSOE han cerrado filas en defensa de Zapatero tras conocerse la resolución judicial, mientras sectores de la oposición exigen explicaciones inmediatas al Ejecutivo.
El juez ha citado a declarar al expresidente el próximo 2 de junio dentro de una investigación que continúa abierta y que también afecta a empresarios, intermediarios y colaboradores vinculados a la operación financiera del rescate de Plus Ultra.
Hasta ahora, Zapatero ha negado haber ejercido influencia alguna sobre el Gobierno o sobre la SEPI para favorecer a la aerolínea y sostiene que todos sus ingresos proceden de actividades privadas legales y declaradas ante Hacienda.
