OTTAWA, 15 mayo.— Un juez asociado de la Corte Federal de Canadá ha aprobado la tramitación conjunta de decenas de demandas constitucionales contra la nueva Ley de Asilo C-12, en una decisión que busca evitar una posible saturación del sistema judicial ante el creciente número de litigios.
Según abogados especializados en inmigración, ya se han presentado alrededor de 36 demandas en distintos tribunales federales del país, todas cuestionando la validez constitucional de la nueva normativa migratoria impulsada por el gobierno del primer ministro Mark Carney.
La Ley C-12 introduce cambios sustanciales en el sistema de asilo canadiense, incluyendo la prohibición de solicitar refugio para personas que hayan permanecido más de un año en el país tras su primera entrada, así como restricciones adicionales para quienes crucen la frontera entre Canadá y Estados Unidos de manera irregular. La norma, además, tiene efectos retroactivos en determinados supuestos y se aplica a solicitudes presentadas a partir de junio de 2025.
Los demandantes argumentan que la legislación vulnera la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, en particular el artículo 7, que protege el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, y el artículo 15, que garantiza la igualdad y la no discriminación.
La Corte Federal ha determinado que 39 casos serán gestionados bajo un procedimiento especial de “case management”, debido a que plantean cuestiones constitucionales similares y complejas. Este mecanismo permitirá centralizar el análisis judicial y evitar decisiones contradictorias en múltiples tribunales.
El volumen potencial de afectados también ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa de los refugiados. Según estimaciones citadas en los expedientes, hasta 28.000 solicitudes de asilo podrían verse afectadas por la nueva legislación, una cifra que podría aumentar rápidamente si se mantiene la tendencia actual de cruces fronterizos.
Abogados de inmigración y organizaciones civiles sostienen que la ley podría generar un efecto contrario al buscado por el gobierno, aumentando la carga judicial y dejando a miles de solicitantes en un limbo legal. Entre las principales preocupaciones se encuentran la falta de excepciones para casos vulnerables, como víctimas de violencia doméstica, personas LGBTQ+ y solicitantes cuya situación haya cambiado tras su llegada a Canadá.
El gobierno federal defiende la Ley C-12 como una herramienta necesaria para reducir el atraso en el sistema de asilo y evitar el abuso de los procedimientos migratorios. Sin embargo, los críticos advierten que el nuevo marco podría debilitar las garantías procesales al sustituir audiencias completas ante tribunales especializados por evaluaciones administrativas con menor nivel de revisión.
La orden judicial establece que la Oficina del Presidente de la Corte designará un juez encargado de supervisar el proceso consolidado, y que ambas partes deberán acordar en los próximos días un calendario para el desarrollo del litigio, que podría extenderse durante meses o incluso años.
Mientras tanto, organizaciones de apoyo a refugiados reportan un aumento en la incertidumbre entre solicitantes de asilo, muchos de los cuales temen deportaciones o largas esperas sin resolución clara de sus casos, en un contexto que ya ha generado protestas y creciente presión política en todo el país.
