Ciudad de México, 12 mayo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó este martes por qué el Gobierno federal no ha desplegado un operativo militar de gran escala en la región de la Montaña Baja de Guerrero, donde comunidades indígenas han denunciado una grave crisis de violencia atribuida a enfrentamientos entre grupos criminales como Los Ardillos y Los Tlacos.
De acuerdo con la mandataria, la estrategia actual prioriza la protección de la población civil y la prevención de un posible fuego cruzado en zonas donde hay familias desplazadas y comunidades enteras atrapadas en medio de los enfrentamientos armados. “Lo que no queremos es que haya un nuevo enfrentamiento que afecte a la población civil”, afirmó durante su conferencia matutina.
Sheinbaum detalló que, aunque existen elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano en la zona, el enfoque operativo no es una intervención directa de alto impacto, sino un esquema de contención, evacuación de personas heridas y establecimiento de condiciones para el diálogo con el fin de reducir la violencia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la situación es “delicada” debido a la presencia de civiles en áreas donde operan los grupos armados, lo que limita las acciones de enfrentamiento directo. Según informó, la prioridad actual es permitir el acceso de ayuda médica y asegurar corredores humanitarios para las comunidades afectadas.
Mientras tanto, organizaciones como el Consejo Nacional Indígena (CNI) han denunciado un fuerte impacto humanitario, con reportes de desplazamiento forzado, víctimas mortales y desapariciones en la región. Estas cifras, sin embargo, difieren de las estimaciones oficiales presentadas por el Gobierno federal.
El debate sobre la estrategia de seguridad vuelve a poner en el centro la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en México, en un contexto donde las autoridades insisten en que una intervención directa podría agravar la situación en comunidades ya altamente vulnerables.
Por ahora, el Gobierno federal mantiene su enfoque de contención, atención humanitaria y coordinación interinstitucional, mientras continúa el monitoreo de la situación en una de las regiones más conflictivas del estado de Guerrero.
