Quebec, 12 mayo.- Una madre haitiana de 26 años que cruzó a Canadá junto a su hija pequeña a través de un sendero forestal en Quebec durante una noche de enero se encuentra ahora en situación de incertidumbre legal tras la entrada en vigor de una nueva legislación federal que modifica las reglas del sistema de asilo y limita el acceso de migrantes que ingresaron de forma irregular desde Estados Unidos.
La mujer, que dejó atrás Haití en busca de seguridad y un nuevo comienzo, forma parte de miles de solicitantes de refugio afectados por la aplicación del proyecto de ley C-12, aprobado el 26 de marzo, que endurece los criterios de elegibilidad para quienes cruzaron fuera de los puntos oficiales de entrada después del 24 de junio de 2020.
Según organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, la medida ha generado un “limbo legal” para numerosos solicitantes, que ahora podrían no tener derecho a una audiencia formal de asilo y enfrentan posibles órdenes de expulsión o procesos administrativos más restrictivos.
El sistema se basa en el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos, que en general obliga a los solicitantes a pedir protección en el primer país considerado seguro donde llegan. Sin embargo, la nueva normativa elimina algunas excepciones previas que permitían continuar el proceso de asilo tras cruces irregulares, incluso en casos de permanencia temporal sin detección.
El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá ha enviado alrededor de 30.000 notificaciones advirtiendo a solicitantes que podrían no ser elegibles para una audiencia de asilo, lo que ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias, que advierten de un aumento de la ansiedad y la incertidumbre entre los afectados.
El Gobierno canadiense defiende que los cambios buscan mejorar la eficiencia del sistema, reducir abusos y permitir evaluaciones más individualizadas, al tiempo que asegura mantener el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de refugio.
No obstante, expertos en inmigración señalan que los nuevos procedimientos administrativos limitan las garantías procesales, ya que en muchos casos sustituyen las audiencias presenciales por revisiones escritas con plazos cortos para presentar pruebas, lo que podría afectar la capacidad de defensa de los solicitantes.
La mujer haitiana entrevistada ha solicitado un permiso de trabajo temporal mientras espera una resolución, aunque su futuro en Canadá sigue siendo incierto. Según organizaciones de apoyo a migrantes, algunos de los afectados podrían tardar años en obtener una respuesta definitiva a través de procesos humanitarios o de carácter excepcional.
“Lo más difícil es la incertidumbre”, señaló la solicitante, que teme no poder estabilizar su vida ni reagrupar a su familia mientras su estatus migratorio permanezca sin definir.
