Washington, 15 de abril de 2026 — El Gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública de Venezuela, en una decisión que incluye al Banco Central de Venezuela y a varias de las principales entidades financieras del país sudamericano.
La medida, comunicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alcanza también al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro, además de cualquier institución en la que estas entidades mantengan una participación igual o superior al 50%.
Como parte del anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que autoriza determinadas transacciones comerciales con el Gobierno venezolano, siempre bajo autorización previa de Washington.
Con esta decisión, las principales instituciones bancarias de Venezuela podrán volver a integrarse parcialmente al sistema financiero internacional y operar nuevamente con el dólar, tras años de restricciones que limitaron severamente su acceso a mercados globales.
El levantamiento de sanciones se produce en un contexto de acercamiento progresivo entre Washington y Caracas, que en los últimos meses ha incluido medidas de flexibilización económica y un cambio de tono en la política bilateral. Entre ellas, destaca la reciente exclusión de figuras del entorno político venezolano de listas de sanciones estadounidenses.
Este giro marca un cambio significativo respecto a la estrategia de presión aplicada desde 2019, cuando Estados Unidos endureció las restricciones financieras contra el gobierno venezolano con el objetivo de aislar su sistema económico.
En paralelo, la administración de Donald Trump ha impulsado una revisión más amplia de su política hacia Venezuela, apostando por una apertura controlada que permita restablecer canales financieros y comerciales bajo supervisión estadounidense.
Aunque la medida supone un alivio para el sistema bancario venezolano, analistas advierten que las restricciones no han desaparecido por completo y que cualquier operación internacional seguirá sujeta a condiciones y autorizaciones específicas de Washington.
El anuncio abre así una nueva fase en la relación entre ambos países, marcada por una mayor flexibilidad financiera pero también por la continuidad de la supervisión estadounidense sobre el sistema económico venezolano.
