Ottawa, 14 de abril de 2026.- La implementación de una nueva legislación migratoria en Canadá ha encendido las alarmas entre abogados y defensores de refugiados, luego de que el gobierno comenzara a enviar cartas a decenas de miles de solicitantes de asilo advirtiéndoles que podrían no cumplir con los requisitos para permanecer en el país.
El Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) confirmó que alrededor de 30.000 personas han recibido notificaciones en las que se les informa que sus solicitudes podrían no ser elegibles, en el marco de los cambios introducidos por el proyecto de ley C-12.
Aunque las autoridades aseguran que no se trata de órdenes de deportación, algunos de los documentos indican que los afectados deben abandonar el país “lo antes posible”, lo que ha generado confusión y preocupación entre los solicitantes.
La nueva normativa endurece los plazos para presentar solicitudes de asilo y establece criterios retroactivos que afectan a personas que ingresaron al país desde 2020. En particular, limita el acceso al sistema de refugio para quienes hayan tardado más de un año en formalizar su petición o que hayan ingresado por pasos fronterizos no oficiales y demorado más de 14 días en solicitar protección.
Desde el gobierno sostienen que las cartas forman parte de un proceso habitual que permite a los solicitantes aportar información adicional antes de una decisión definitiva. Sin embargo, abogados especializados advierten que el nuevo sistema reduce las garantías procesales al sustituir audiencias presenciales por evaluaciones escritas.
Expertos como Adam Sadinsky, de la Asociación Canadiense de Abogados de Refugiados, alertan que este cambio podría derivar en decisiones erróneas, al eliminar la posibilidad de que los solicitantes expliquen directamente su situación ante un juez.
En la misma línea, la abogada Lida Berenjian señaló que la reforma ya está generando consecuencias prácticas preocupantes, como la separación de familias y la inclusión de personas que, en principio, no deberían verse afectadas por la aplicación retroactiva de la ley.
Otro punto crítico es el uso del mecanismo conocido como Evaluación de Riesgo Previa a la Expulsión (PRRA), al que podrían recurrir quienes queden fuera del sistema tradicional de asilo. No obstante, juristas advierten que este proceso no ofrece las mismas garantías que una audiencia completa y que, en algunos casos, podría no estar disponible.
Además, existe preocupación por el posible aumento de fraudes, ya que algunos consultores estarían cobrando por tramitar solicitudes que en realidad no aplican para ciertos casos.
El endurecimiento de la política migratoria llega en un momento de creciente presión sobre el sistema de asilo canadiense y abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre control migratorio y respeto a los derechos humanos, en un país históricamente reconocido por su política de acogida.
