París, 10 Abril.- El Senado francés aprobó por amplia mayoría una iniciativa legislativa destinada a eliminar definitivamente del Código Civil la noción de “deber conyugal”, entendida como la supuesta obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio, un concepto que aún era utilizado en algunos procesos de divorcio.
Con 202 votos a favor y solo dos en contra, la Cámara Alta dio luz verde a esta reforma que busca adaptar la legislación francesa a la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reafirmando que no existe ninguna obligación sexual entre los cónyuges.
El texto, que ya había sido aprobado previamente por la Asamblea Nacional, continuará ahora su trámite en una comisión mixta paritaria, encargada de armonizar las diferencias entre ambas cámaras antes de su adopción definitiva.
Fin de una interpretación histórica
Aunque la legislación francesa no establece explícitamente el “deber conyugal” desde hace décadas, su origen se remonta al Código Civil napoleónico de 1804, que contemplaba un “derecho de cohabitación”. Con el paso del tiempo, esta noción evolucionó hacia el concepto de “comunidad de vida”, que algunos tribunales interpretaron como una obligación de mantener relaciones íntimas.
A pesar de que desde los años 90 la jurisprudencia reconoce que cualquier relación sexual sin consentimiento —incluso dentro del matrimonio— constituye violación, persistían interpretaciones judiciales que consideraban la ausencia de relaciones como motivo de divorcio.
Influencia de Estrasburgo
El impulso definitivo para esta reforma llegó tras una condena a Francia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en un caso en el que una mujer fue considerada responsable del divorcio por negarse a mantener relaciones sexuales durante años.
El tribunal europeo dictaminó que “el matrimonio no puede asimilarse al consentimiento de las relaciones sexuales”, marcando un precedente clave que ahora Francia busca incorporar plenamente a su legislación.
Con esta reforma, el país pretende cerrar definitivamente la puerta a interpretaciones legales que puedan vulnerar el consentimiento dentro del matrimonio y reforzar la protección de los derechos individuales en el ámbito conyugal.
