OTTAWA, 27 mar.- El Parlamento de Canadá dio un paso clave en la lucha contra los delitos de odio tras aprobar en tercera lectura en la Cámara de los Comunes el proyecto Combatting Hate Act / Loi visant à lutter contre la haine, que ahora pasa al Senado en medio de una fuerte controversia sobre la libertad religiosa.
La iniciativa, impulsada por el gobierno liberal y presentada en septiembre de 2025 por el ministro de Justicia Sean Fraser, salió adelante gracias al respaldo del Bloque Quebequense, mientras que el Partido Conservador de Canadá y el Nuevo Partido Democrático votaron en contra.
El apoyo del Bloque fue decisivo tras la inclusión de una cláusula que elimina la exención religiosa existente en la legislación canadiense sobre discurso de odio, un cambio que ha generado preocupación en sectores conservadores y grupos religiosos.
El proyecto busca reforzar la respuesta penal ante el aumento de fenómenos como el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia y la transfobia, además de proteger el acceso a espacios sensibles como lugares de culto, escuelas y centros comunitarios.
Entre las principales medidas, la ley propone:
- Tipificar como delito la intimidación o bloqueo de acceso a espacios de grupos identificables.
- Penalizar la promoción deliberada del odio, incluyendo la exhibición pública de símbolos terroristas o de odio.
- Establecer una definición legal de odio para facilitar su interpretación judicial.
- Eliminar la necesidad de autorización previa del fiscal general para presentar cargos por propaganda de odio, agilizando los procesos.
El texto también incluye salvaguardas para proteger la libertad de expresión, garantizando que no se penalice la participación en manifestaciones pacíficas ni la comunicación de ideas sin incitación a la violencia.
El punto más polémico sigue siendo la eliminación de la exención que permitía justificar ciertos discursos basados en creencias religiosas. Mientras los conservadores advierten que esto podría vulnerar derechos fundamentales, Fraser aseguró que la reforma “no penalizará la fe” ni impedirá a líderes religiosos expresar sus creencias.
El proyecto queda ahora en manos del Senado, donde aún podría ser modificado antes de convertirse en ley, en un debate que marcará el equilibrio entre seguridad, derechos civiles y libertad religiosa en Canadá.
