Montreal, 26 feb.- Mariem Gharnougui y Tamir Hakima aún intentan asimilar lo ocurrido. El pasado 5 de febrero recibieron un ultimátum de la dirección escolar donde trabajaban: debían retirar sus símbolos religiosos o perder su empleo.
Ambas se desempeñaban como educadoras de guardería en el Centro de Servicios Escolares de Mille-Îles, en la periferia norte de Montreal. Mariem estaba a cargo de 18 niños con necesidades especiales. Hoy, las dos han dejado sus puestos.
“Me debatía entre mi identidad, mis valores y mi carrera”, explica Mariem, quien considera impensable quitarse el hiyab para continuar trabajando.
Su situación es consecuencia directa de la nueva Ley para fortalecer la laicidad en el sistema educativo (Proyecto de Ley 94), aprobada el otoño pasado por el gobierno de Quebec. La normativa amplía la prohibición de portar símbolos religiosos a todo el personal escolar, no solo al profesorado.
Cláusula retroactiva y efectos inmediatos
Aunque la ley incluye una llamada “cláusula de abuelo” para proteger a quienes ya trabajaban en el sistema, su aplicación retroactiva ha generado controversia. La protección no cubre a quienes cambiaron de puesto o fueron contratados entre el 19 de marzo de 2025 —fecha de presentación del proyecto— y el 30 de octubre de 2025, cuando fue adoptado.
Como resultado, cientos de empleados podrían verse obligados a elegir entre su empleo y sus convicciones religiosas. En la región metropolitana de Montreal, se estima que al menos 500 personas perderían su trabajo si se niegan a retirar sus símbolos religiosos.
El Centro de Servicios Escolares des Mille-Îles confirmó que ocho empleados fueron despedidos y cuatro renunciaron. En Laval, unos 40 trabajadores están en licencia sin goce de sueldo y cinco han dimitido. Parte de ellos ya trabajaban en el sistema antes de marzo de 2025, pero habían cambiado de cargo.
“No queremos despedir a nadie; es un último recurso”, señalaron desde el centro escolar de Laval, aunque reconocen que deben cumplir la ley vigente.
Escasez de personal y temor a interrupciones
Directivos escolares advierten que la medida agrava una crisis de personal ya existente. Una directora de escuela en Laval, que pidió anonimato, lamenta tener que comunicar a empleados competentes que perderán su trabajo por negarse a quitarse un símbolo religioso.
“Ya tenemos vacantes por falta de personal. Esto solo empeora la situación”, afirma.
El sistema enfrenta miles de puestos sin cubrir. Según cifras recientes, más de 1.100 cargos de apoyo seguían vacantes en noviembre pasado, tras haber superado los 2.000 al inicio del ciclo escolar.
Para sindicatos y asociaciones de directivos, el impacto apenas comienza. La Federación de Empleados de la Función Pública (FEESP-CSN) advierte que lo que se ve hasta ahora es “la punta del iceberg”. Cada educador de guardería que se pierde afecta a unos 20 niños; cada supervisor estudiantil, a cerca de 50 alumnos.
Llamados a ajustes
La Federación de Centros de Servicios Escolares de Quebec (FCSSQ), que representa a 61 centros y 11 juntas escolares, espera directrices adicionales del Ministerio de Educación para garantizar una aplicación uniforme de la ley en toda la provincia.
Por su parte, la Asociación de Directores de Escuelas de Montreal (AMDES) sostiene que cientos de empleados podrían quedar fuera del sistema sin que existan reemplazos disponibles.
Desde la oficina de la ministra de Educación, Sonia LeBel, se indicó que la ley ya está en vigor y corresponde a los centros escolares aplicarla. Sin embargo, sindicatos y administradores reclaman ajustes para evitar mayores interrupciones, como permitir que los trabajadores afectados completen el año escolar o armonizar la entrada en vigor de todas las disposiciones.
Algunos críticos recuerdan además que la ampliación de la prohibición ocurre mientras la Ley 21 sobre laicidad continúa enfrentando desafíos judiciales y podría llegar próximamente a la Corte Suprema.
Impacto humano
Más allá del debate político, la controversia tiene un fuerte componente humano. Mariem Gharnougui considera que su salida fue injusta y discriminatoria. Dice que pensaba construir una carrera a largo plazo en el sistema escolar.
Ahora, como muchos otros empleados, enfrenta la incertidumbre laboral en un contexto en el que el sistema educativo ya lidia con restricciones presupuestarias y dificultades de contratación.
Mientras el debate sobre la laicidad continúa en el plano político y judicial, las consecuencias prácticas comienzan a sentirse en las aulas y servicios de apoyo, donde la falta de personal amenaza con repercutir directamente en los estudiantes.
