Bogotá, 7 de febrero.- Las inundaciones en Colombia provocadas por lluvias intensas y un comportamiento climático atípico han dejado al menos 14 muertos, 9,000 viviendas destruidas y cerca de 50,000 familias afectadas en los departamentos de Córdoba y Sucre, una tragedia que vuelve a poner en evidencia la falta de prevención y respuesta estructural del Estado, según datos confirmados este viernes por el presidente Gustavo Petro.
El propio mandatario reconoció la magnitud del desastre al detallar que más de 35,000 hectáreas quedaron inundadas y otras 300,000 resultaron afectadas, una situación que amenaza directamente la seguridad alimentaria de la región. “Había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática”, admitió Petro, citando advertencias previas de la FAO, que no fueron atendidas a tiempo.
Advertencias ignoradas y respuesta tardía
Pese a que organismos nacionales e internacionales habían alertado sobre la vulnerabilidad estructural de estas zonas ante fenómenos climáticos extremos, las lluvias sorprendieron a comunidades sin obras de mitigación, planes de evacuación eficaces ni infraestructura hidráulica adecuada, agravando el impacto humano y material del desastre.
En la última semana, varias regiones del norte y noroeste del país registraron emergencias severas tras el ingreso de frentes fríos al mar Caribe, un fenómeno inusual para una temporada históricamente seca. Sin embargo, la falta de preparación institucional convirtió un evento climático excepcional en una crisis humanitaria.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que un nuevo frente frío podría intensificar las lluvias entre este viernes y el lunes, mientras miles de familias permanecen sin soluciones definitivas, dependiendo de ayudas temporales y promesas oficiales.
Gestión reactiva y problemas estructurales
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, reconoció que el fenómeno es “muy atípico”, pero sus declaraciones contrastan con la ausencia de una estrategia preventiva sólida, pese a que Colombia enfrenta cada vez con mayor frecuencia eventos climáticos extremos asociados al cambio climático.
El desbordamiento de ríos, la destrucción de cultivos, el colapso de vías rurales y la pérdida masiva de viviendas revelan décadas de abandono estatal, especialmente en zonas rurales donde la ocupación ilegal de ciénagas y caños fue tolerada sin control efectivo por las autoridades.
Emergencia anunciada, soluciones pendientes
Ante la presión social, el presidente Petro anunció que evalúa declarar nuevamente la emergencia económica, ambiental y social en la región, una medida recurrente que, según expertos, no ha logrado traducirse en soluciones estructurales duraderas.
El mandatario aseguró que el Gobierno actuará con el Ejército para derribar diques irregulares y recuperar tierras ocupadas ilegalmente, aunque comunidades afectadas cuestionan que estas acciones llegan tarde, cuando el daño humano, económico y ambiental ya es irreversible.
Mientras tanto, miles de damnificados siguen enfrentando la pérdida total de sus hogares y medios de subsistencia, en un escenario que refuerza las críticas a un modelo de gestión estatal reactivo, centrado en decretar emergencias, pero incapaz de anticiparse a desastres que año tras año golpean a las mismas regiones del país.
