Caracas, 7 de febrero.- El proyecto de ley de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, año en que el chavismo llegó al poder, según el borrador de la normativa difundido este viernes por la Asamblea Nacional (AN), controlada por el oficialismo.
El Parlamento publicó el texto en su canal de Telegram un día después de aprobarlo en primera discusión, una de las dos fases requeridas para la creación de leyes en el país, tras la presión de diversas organizaciones no gubernamentales que exigían su divulgación.
El borrador, compuesto por 13 artículos, corresponde a la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y tiene como objetivo “conceder una amnistía general y plena” a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
El texto menciona distintos episodios de crisis política en los últimos 27 años, incluido el conflicto desatado tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto por un órgano electoral controlado por funcionarios afines al chavismo.
Alcance y exclusiones de la amnistía
El proyecto excluye expresamente los delitos graves, entre ellos violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas con penas mínimas superiores a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público.
Según el borrador, el tribunal competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, deberá verificar si el caso cumple con los supuestos de la amnistía y decretar el sobreseimiento de los procesos en curso o la revisión y anulación de sentencias firmes mediante sentencias de reemplazo.
La norma también establece el cese inmediato de las medidas de coerción personal, incluidas las medidas alternativas a la privación de libertad, así como la finalización de investigaciones abiertas y la eliminación de registros y antecedentes penales.
Críticas de la oposición
La propuesta legislativa se presenta en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el pasado 8 de enero, pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques en territorio venezolano.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, prometió este viernes ante familiares de detenidos políticos la liberación de “todos los presos” una vez que la ley sea aprobada definitivamente, previsiblemente la próxima semana.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, alertó sobre “omisiones graves” en el proyecto, como la exclusión de amplios sectores de presos políticos civiles y militares, así como de períodos históricos que no quedan cubiertos por la ley.
La alianza también criticó que la normativa no deroga leyes consideradas represivas, como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, que, según la oposición, forman parte del andamiaje legal de persecución política en el país.
El chavismo defiende una amnistía “amplia”
El diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria especial encargada del proyecto, aseguró que la propuesta es “muy clara y muy amplia” y se ajusta a la disposición constitucional sobre amnistías generales.
Arreaza descartó por ahora la derogación de otras leyes, al afirmar que existen “otros momentos y otras vías” para abordar casos no contemplados directamente en la normativa. A su juicio, estos temas podrán discutirse en un proceso de diálogo político que la ley pretende facilitar.
Asimismo, informó que la comisión prepara un cronograma de consulta pública, que incluirá reuniones con el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, juristas, académicos, familiares de presos políticos y representantes de la sociedad civil.
Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho calificó la ley como un “punto de inflexión” y un posible espacio de encuentro político, al expresar su esperanza de que la amnistía “acoja a muchos venezolanos” y contribuya a la reconciliación nacional.
