CIUDAD DE MÉXICO, 12 SEP — Un año después del estallido de la crisis de violencia en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa, las cifras son devastadoras: 1.828 homicidios dolosos y 2.390 desapariciones forzadas en un periodo marcado por la angustia, la desesperanza y el miedo constante entre los habitantes.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), señaló que la violencia ha sido persistente, con momentos de intensidad extrema. “A veces es intensa la tormenta, otras como una especie de huracán de categoría cinco, y a veces parece que el cielo se despeja, pero no ha dejado de ‘llover’, de haber eventos violentos semana con semana”, explicó Calderón a EFE. Los meses más críticos fueron octubre y noviembre de 2024, con 182 y 172 homicidios respectivamente, y junio de 2025 con 207.
El origen de la crisis se vincula a una pugna interna del cartel de Sinaloa, iniciada en septiembre de 2024, luego de la detención de Ismael “el Mayo” Zambada en Estados Unidos, tras ser entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Esta disputa entre los grupos Los Chapitos y Los Mayos ha dejado un saldo trágico que ha trastocado la vida cotidiana de los sinaloenses, incluyendo la cancelación de actividades escolares, laborales y de esparcimiento.
El impacto social también se refleja en la proliferación de colectivos de búsqueda de desaparecidos, muchos de ellos formados por madres desesperadas por localizar a sus hijos ante la incapacidad de las autoridades. Calderón estima que el número real de desapariciones podría ser el doble de lo registrado oficialmente, ya que muchas familias desconfían del sistema judicial y confían en la delincuencia como último recurso para encontrar a sus seres queridos.
El especialista advirtió que, aunque Sinaloa ha enfrentado crisis similares en 2008-2011 y en 2017, la actual ha alterado profundamente la cotidianidad y la percepción de seguridad de la sociedad. Calderón subrayó la necesidad de un mayor presupuesto y fortalecimiento institucional, incluyendo policías estatales, ministerios públicos y peritos, para poder enfrentar de manera autónoma estos episodios de violencia, que actualmente dependen en gran medida de las fuerzas federales.
En respuesta a la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno continúa con un esfuerzo sostenido para pacificar la región. “Vamos a seguir trabajando, hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa”, afirmó la mandataria, reconociendo que el proceso es gradual y requiere esfuerzo continuado.
La crisis de Sinaloa evidencia no solo la magnitud del poder de los cárteles en México, sino también la urgencia de reforzar las instituciones de seguridad y justicia para proteger a la población civil y restaurar la tranquilidad en una de las regiones más afectadas por el crimen organizado.
