BOGOTÁ, 12 SEP — La decisión inminente del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación antidrogas de Colombia mantiene en alerta a ambos países, ya que cerca de 450 millones de dólares anuales en cooperación están en juego. La resolución, prevista para el lunes 15 de septiembre, podría definir el rumbo de la relación bilateral en seguridad, defensa y política antidrogas.
El proceso de certificación evalúa si los países involucrados en la producción o tránsito de narcóticos cumplen con sus compromisos internacionales. Las opciones van desde una certificación total, pasando por una descertificación moderada, hasta una descertificación dura o la concesión de un waiver o exención, mecanismo que permite mantener la cooperación pese a una descertificación formal.
El exembajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, explicó que el waiver se aplica cuando se reconoce la colaboración de la fuerza pública colombiana y el largo historial de amistad entre ambos países. “En caso de descertificación, espero que exista un waiver”, indicó, subrayando que Estados Unidos tiene la facultad de recortar la ayuda, suspender la cooperación o incluso votar en contra de Colombia en instituciones financieras internacionales.
Impacto económico y en seguridad
Según la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham), un escenario de descertificación dura podría reducir la cooperación entre 270 y 315 millones de dólares, afectando gravemente proyectos sociales, militares y de justicia. Un escenario más blando, como la descertificación moderada o la exención, implicaría una reducción de 30% a 40%, lo que también impactaría programas de seguridad ciudadana y asistencia técnica.
Los expertos advierten que la descertificación dura podría poner en riesgo la operación de helicópteros y aviones, repuestos, entrenamiento de pilotos, combustible para la Armada y softwares de inteligencia, entre otros rubros clave. Manfred Grauttof, exasesor presidencial en seguridad, señaló que el mayor golpe recaería sobre el despliegue aéreo y las operaciones antinarcóticos de la Policía. Aunque el presupuesto nacional de Defensa y Policía asciende a 59 billones de pesos, la cooperación estadounidense representa casi 2 billones de pesos, cifra crucial para tecnología y equipamiento.
Contexto político y desafíos de la política antidrogas
La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump ha estado marcada por tensiones debido a la postura del mandatario colombiano frente a Venezuela y la creación de una zona binacional en el Catatumbo, región estratégica por los cultivos ilícitos. Además, la política de “paz total” de Petro, que busca negociar con grupos vinculados al narcotráfico, genera recelo en Washington y en sectores del Congreso estadounidense.
El debate se intensifica ante el aumento histórico de cultivos de coca, que superan las 252.000 hectáreas, con una producción potencial de 2.644 toneladas de cocaína, según la Unodc. Aunque Colombia prioriza la incautación —con 960 toneladas decomisadas el año pasado—, la erradicación forzada y el despliegue militar han sido criticados por el gobierno Petro. Expertos advierten que la vuelta a la erradicación masiva no garantiza resultados y expone a la fuerza pública a mayores riesgos, además de generar conflictos con comunidades rurales y problemas ambientales por el uso de glifosato.
La decisión del lunes no solo pondrá a prueba la solidez de la cooperación bilateral, sino que también determinará la capacidad de Colombia para ejecutar su política antidrogas, consolidar sus instituciones y mantener la estabilidad en una región estratégicamente clave para la lucha contra el narcotráfico.
