Guayaquil, 11 agosto.- La Fiscalía General del Estado de Ecuador abrió una investigación de oficio tras la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, confirmó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Las muertes, ocurridas en neonatos prematuros o muy prematuros, se atribuyen a “causas multifactoriales” relacionadas con el estado clínico crítico de los pacientes.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía recogerá testimonios de madres, testigos y personal del hospital, y solicitó urgentemente las historias clínicas de los bebés fallecidos. Expertos realizarán inspecciones para levantar indicios que ayuden a esclarecer los hechos.
El MSP informó que dos casos podrían estar vinculados a una infección hospitalaria por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, conocida por su alta resistencia a antibióticos. En respuesta, el ministro de Salud, Jimmy Martin, destituyó al gerente del hospital y ordenó atención psicológica a los familiares afectados, además de iniciar una investigación interna para reforzar protocolos de bioseguridad.
Paralelamente, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) realizará una auditoría y análisis de calidad. La Defensoría del Pueblo envió un delegado para supervisar la situación y exige un informe detallado en tres días sobre los fallecimientos y el suministro de insumos médicos.
La Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional citó al ministro de Salud, al fiscal general subrogante y a directivos del hospital para esclarecer el caso y evaluar medidas preventivas.
El MSP negó versiones sobre la supuesta reutilización de cánulas nasales, que habían sido difundidas por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ofreció apoyo para la adquisición de insumos. Esta tragedia ocurre en medio de denuncias recurrentes sobre la escasez de insumos y medicamentos en hospitales públicos ecuatorianos.
Este 11 de agosto, la Fiscalía iniciará la recopilación de pruebas y testimonios en el hospital para avanzar en las investigaciones judiciales, administrativas y legislativas. Las familias de las víctimas esperan respuestas claras y acciones que eviten la repetición de estos hechos.
