Caracas, 11 agosto.- La detención de la activista Martha Lía Grajales, ocurrida el 8 de agosto tras participar en una manifestación en Caracas, ha puesto en foco internacional la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, urgió a que la familia y el abogado de Grajales reciban información clara sobre su estado y ubicación, reclamando transparencia y respeto a sus derechos fundamentales.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente represión contra activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela. La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció un reciente ataque violento de colectivos paramilitares contra familiares de presos políticos y manifestantes pacíficos en una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, pese a la presencia de cámaras de seguridad.
Los manifestantes fueron agredidos con golpes, disparos e insultos mientras exigían justicia y la liberación de detenidos políticos, muchos arrestados tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, que dejaron decenas de muertos y miles de detenidos. CLIPP criticó la falta de respuesta del Tribunal Supremo y el Ministerio Público ante estos hechos y la ausencia de condena por la escalada represiva.
Actualmente, 807 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, enfrentando cargos severos como “incitación al odio” y “terrorismo”, con penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, según la organización Foro Penal.
El llamado de la ONU y la denuncia de las ONG subrayan la presión internacional para garantizar la protección de los derechos humanos y la transparencia en el trato a los defensores de libertades fundamentales en Venezuela.
