SANTIAGO, 21 julio.- La fuga de Alberto Carlos Mejía Hernández, un presunto sicario venezolano de tan solo 18 años vinculado al Tren de Aragua, ha encendido las alarmas de seguridad en Chile y Perú, dejando al descubierto graves fallos en el sistema judicial chileno y el avance de redes criminales transnacionales en Sudamérica.
Mejía Hernández, acusado del asesinato del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa —conocido como el “Rey del Meiggs”— fue liberado por error el pasado 10 de julio, pese a estar bajo prisión preventiva. Según el Ministerio Público, el crimen fue un homicidio por encargo, ejecutado con precisión por una célula del Tren de Aragua en pleno corazón de Santiago. A pesar de las evidencias y una orden de retención activa, la Gendarmería chilena lo dejó en libertad tras confusos oficios judiciales contradictorios.
Un crimen selectivo y una fuga cinematográfica
El asesinato ocurrió el 19 de junio en Ñuñoa. La víctima fue interceptada por dos sicarios tras horas de vigilancia y ejecutada de tres disparos, sin que se le robara el dinero en efectivo que llevaba. Los implicados huyeron al sur del país, pero fueron capturados semanas después en Santiago, el 8 de julio. Sin embargo, apenas dos días después, Mejía fue erróneamente liberado bajo la identidad falsa de “Osmar Ferrer Ramírez”, pese a una advertencia por correo electrónico que alertaba del riesgo.
Al salir del recinto penitenciario del barrio Franklin, el joven sicario desapareció sin dejar rastro, acompañado por dos cómplices.
Ruta de escape hacia Perú y alarma regional
Según reveló el periodista Raúl Poblete a Panamericana, Mejía Hernández habría pagado unos 2,5 millones de pesos chilenos (más de 2.800 dólares) para financiar su huida. Contrató un auto por aplicación para evitar los controles migratorios y se dirigió a Iquique, desde donde habría cruzado ilegalmente hacia Perú.
Aunque se activó una alerta roja internacional pocos días después, las autoridades reconocen que el fugitivo ya estaría en territorio peruano. Las policías de ambos países investigan ahora quiénes habrían facilitado su paso fronterizo y su eventual protección en suelo peruano.
Crisis institucional en Chile
La fuga ha desatado una ola de indignación en Chile. El Congreso exige explicaciones urgentes y se han iniciado sumarios contra los responsables de la liberación. La Corte Suprema ordenó revisar los protocolos judiciales y la Fiscalía conformó una fuerza especial de búsqueda.
El caso no solo expone una cadena de errores burocráticos, sino que representa un peligroso precedente sobre cómo organizaciones criminales como el Tren de Aragua pueden burlar fronteras y sistemas judiciales con apoyo interno o por negligencia institucional.
