LIMA, 20 julio. – El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, relacionados con contratos por más de 97 millones de soles suscritos por la Municipalidad de Lima con el estudio estadounidense Boies Schiller Flexner, firma que integra desde septiembre de 2023 su amigo personal Martín de Luca.
La denuncia, revelada por el periodista Ángel Páez de La República, fue presentada por el estudio Arbizu & Gamarra, integrado por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra, quienes acusan al burgomaestre de haber incurrido en irregularidades en la contratación de servicios legales internacionales.
«El alcalde López Aliaga ha reconocido públicamente su amistad con Martín De Luca, abogado de origen argentino y socio del estudio Boies Schiller Flexner. Esta relación personal se hizo evidente al coincidir en la investidura presidencial de Donald Trump el 20 de enero de 2025», señala la denuncia.
Los denunciantes destacan que poco después de este encuentro en Estados Unidos, específicamente el 6 y 13 de marzo de 2025, se suscribieron dos contratos adicionales con el mencionado bufete por un monto de 10.8 millones de dólares, lo que evidenciaría una «proximidad personal indebida» que podría haber influenciado la elección del estudio para representar a la comuna limeña.
La denuncia cuestiona severamente que los procedimientos de contratación no hayan sido transparentados completamente o, en el peor escenario, hayan sido declarados como «reservados», violentando los principios de transparencia en la contratación pública.
Otro aspecto crítico señalado es que la gestión de López Aliaga continuó contratando al estudio de De Luca incluso después de que fracasara en primera instancia la demanda para anular dos arbitrajes favorables a Rutas de Lima, acumulando únicamente derrotas en los tribunales norteamericanos.
«Pese a estos resultados negativos y el evidente perjuicio económico para la MML, el alcalde continuó autorizando millonarios desembolsos a favor del mismo estudio legal. El conjunto de contrataciones se realizó de manera directa, reiterada, sin competencia efectiva, sin control transparente, y con una evidente cercanía personal entre el proveedor legal y el alcalde contratante», denunció el estudio Arbizu & Gamarra.
La administración López Aliaga también terminó la relación contractual con el anterior estudio estadounidense Foley Hoag LLP, al cual la Municipalidad Metropolitana de Lima pagó más de 9 millones de dólares entre 2019 y 2024 por servicios legales, representando a la comuna en arbitrajes perdidos contra Rutas de Lima y acciones posteriores en tribunales estadounidenses.
Según registros oficiales, la MML realizó cuatro contratos con Foley Hoag LLP por un total superior a los 9 millones de dólares, tres durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz y uno bajo López Aliaga, todos con resultados desfavorables para los intereses municipales que obligan a la comuna a pagar aproximadamente 200 millones de dólares.
