Bogotá, 22 junio.- La presencia de varios jefes de bandas criminales de Medellín en un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro ha desatado una intensa polémica en Colombia, donde voces de la oposición, el sector empresarial y líderes institucionales acusan al mandatario de “exaltar la criminalidad” y atentar contra el Estado de Derecho.
El acto tuvo lugar el sábado en Medellín, donde Petro celebró la aprobación de su reforma laboral y promovió su política de “paz total” con las bandas armadas urbanas. Sin embargo, lo que debía ser una jornada política se convirtió en un escándalo nacional cuando se confirmó la participación de reconocidos delincuentes presos, quienes salieron de la cárcel para asistir al evento.
Entre los presentes estuvieron Juan Carlos Mesa, alias ‘Tom’; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’; Freiner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; y José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, todos cabecillas de la organización criminal La Oficina.
Uno de ellos, ‘Vallejo’, incluso tomó la palabra para criticar públicamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por, según dijo, “sabotear” las negociaciones de paz entre las bandas y el Gobierno.
Ola de reacciones y advertencias
La indignación no se hizo esperar. Para el exministro José Manuel Restrepo, lo ocurrido en Medellín es “una vergüenza total” y representa “una bofetada a las víctimas del narcotráfico”.
Por su parte, el exsenador David Luna, precandidato presidencial para 2026, anunció que convocará a una “contramarcha” para defender la Constitución y la legalidad:
“Ya es hora de dejar de exaltar la criminalidad y recuperar el brillo del Estado”.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas fue más allá, al señalar que el Gobierno ha transitado de la protesta social a la “normalización de la criminalidad”, y acusó al presidente de idealizar a quienes infringen la ley y de “cuestionar a quienes la hacen cumplir”.
Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó que en lugar de respaldar a jueces, fiscales y policías, Petro haya “subido a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas”.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacouture, calificó el acto como una “amenaza directa al Estado de Derecho”, y solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia que actúen con urgencia ante lo que considera una peligrosa legitimación del crimen organizado.
Diálogos con bandas: la estrategia de Petro en entredicho
El Gobierno justifica su estrategia bajo el marco de los diálogos de paz urbanos, que ya se han iniciado con estructuras armadas en Medellín, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, con el objetivo de desmovilizar a más de 12.000 personas y frenar la violencia urbana. Sin embargo, la forma en que se están llevando a cabo —incluyendo actos públicos con participación de líderes criminales— ha abierto un debate sobre los límites éticos y legales de la política de paz del presidente.
Aún no hay pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación respecto a la salida de los presos, ni se ha aclarado si esta contó con una autorización judicial específica.
En medio de la controversia, crecen las presiones internas y externas para que el Ejecutivo redefina su enfoque en los procesos de sometimiento colectivo y evite acciones que, según los críticos, socavan la confianza ciudadana en el sistema judicial y fortalecen simbólicamente a estructuras delictivas.
Con la reputación de la “paz total” en juego y los sectores más conservadores movilizándose, el caso Medellín puede marcar un punto de inflexión en la relación del presidente Petro con las instituciones y la opinión pública.
