LA PAZ, 29 MAYO – Cientos de comerciantes, integrantes de juntas vecinales, microempresarios y amas de casa realizaron este jueves una marcha en Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, para exigir al Gobierno del presidente Luis Arce respuestas concretas frente a la escasez de combustibles y el encarecimiento de los alimentos. La movilización refleja el descontento generalizado que atraviesa el país debido a la creciente presión económica.
Símbolos de la crisis alimentaria
Los manifestantes exhibieron cacerolas vacías, envases de aceite y huevos sin llenar como símbolo de la inaccesibilidad de productos básicos, cuyos precios han duplicado o triplicado su valor en los últimos meses. Letreros con frases como «El pueblo boliviano se muere de hambre», «No a la subida de la canasta familiar» y «Arce inútil» destacaron la frustración ciudadana.
Algunos dirigentes participantes advirtieron que si el Gobierno no responde, próximas acciones incluirán bloqueos de caminos y cierres de mercados. Esta amenaza se suma a los bloqueos ya registrados en algunas carreteras del centro del país, donde grupos afectados por la situación económica aseguran sentirse «asfixiados».
Impacto en el día a día
Varias amas de casa entrevistadas explicaron que ahora deben «medir» la dotación de alimentos en sus hogares, dejando de lado productos esenciales como la carne de res debido a su elevado costo. Este panorama complica aún más la toma de decisiones sobre qué comprar en un contexto donde los precios siguen al alza.
En regiones occidentales como Oruro y La Paz, transportistas también han organizado bloqueos en rutas clave, denunciando la falta de diésel y gasolina. Algunos conductores dedicados al transporte de alto tonelaje reportan esperas de hasta tres días para abastecerse de combustible, tiempo que se multiplica cuando realizan recorridos entre el occidente y el oriente del país.
Promesas incumplidas
Aunque el presidente Arce anunció hace casi una semana que la provisión de combustibles se normalizaría en pocos días, la realidad sigue siendo diferente: largas filas persisten en estaciones de servicio, e incluso se han extendido en algunos casos. Esta falta de resultados ha exacerbado la insatisfacción popular.
Medidas gubernamentales
Ante la crisis, el Gobierno lanzó un paquete de decretos destinado a combatir el «contrabando a la inversa», es decir, la salida ilegal de alimentos hacia países vecinos donde se venden a precios más altos. Para ello, reforzó los controles aduaneros con la participación de militares.
Además, se adoptaron medidas para intentar reducir la cotización del dólar, que en el mercado paralelo alcanza casi los 20 bolivianos, muy por encima del tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos. Sin embargo, estas iniciativas no han logrado revertir la percepción de crisis.
Contexto económico
Bolivia enfrenta una severa escasez de divisas desde principios de 2023, coincidiendo con la disminución de las reservas internacionales netas (RIN) y la caída de ingresos por exportaciones de gas natural. Estos factores han contribuido a una inflación galopante, que cerró 2022 con un récord de 9,97 %, el nivel más alto desde 2008. En el primer cuatrimestre de 2023, la inflación acumulada llegó al 5,95 %.
La situación ha llevado a sectores clave, como las juntas vecinales de El Alto —la segunda ciudad más poblada del país—, a anunciar nuevas movilizaciones para la próxima semana. Asimismo, un sector del transporte declaró una huelga nacional a partir del 3 de junio si no se resuelven los problemas de abastecimiento de combustibles.
Desafíos pendientes
Las protestas en Cochabamba y otras regiones evidencian la urgente necesidad de soluciones efectivas por parte del Ejecutivo. Mientras tanto, los bolivianos enfrentan dificultades crecientes para acceder a bienes básicos y mantener sus actividades económicas. Si bien el Gobierno ha implementado medidas para controlar el contrabando y estabilizar el tipo de cambio, su impacto real parece ser limitado hasta ahora.
Este clima de tensión social podría escalarse si no se abordan rápidamente los problemas estructurales que afectan al país, particularmente la dependencia de importaciones clave y la gestión de las reservas internacionales. La respuesta del Gobierno será crucial para evitar que las protestas se conviertan en un conflicto mayor que comprometa aún más la estabilidad política y económica de Bolivia.
