Miami, 10 de abril.– Un juez federal en Estados Unidos frenó este miércoles la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de 5.000 ciudadanos etíopes frente a la deportación, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en el país.
El magistrado de distrito Brian Murphy, con sede en Massachusetts, determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó “sin respetar el procedimiento establecido por el Congreso”, al intentar revocar el programa migratorio sin seguir los pasos legales requeridos.
En su resolución, el juez subrayó que la eliminación del TPS para Etiopía se realizó sin una evaluación adecuada del marco legal que regula este estatus humanitario, creado para proteger a personas procedentes de países afectados por conflictos armados o crisis humanitarias graves.
El TPS, establecido por el Congreso de Estados Unidos en 1990, ha permitido durante décadas que ciudadanos de países en situación de inestabilidad puedan permanecer temporalmente en territorio estadounidense con autorización de trabajo. En el caso de Etiopía, el beneficio fue concedido en 2022 bajo la administración de Joe Biden, debido al conflicto armado y la crisis humanitaria en el país africano.
El DHS había anunciado en diciembre de 2025 la cancelación del programa para los etíopes, argumentando que las condiciones del país ya no justificaban la protección. Sin embargo, el fallo judicial sostiene que la administración no puede obviar los procedimientos legales establecidos por el Congreso.
“El principio fundamental de este caso es que la voluntad del presidente no puede prevalecer sobre la del Congreso”, señaló el juez Murphy en su decisión, criticando que las agencias federales no pueden sustituir obligaciones legales por decisiones ejecutivas discrecionales.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, defendió la medida afirmando que el TPS es, por definición, un estatus temporal y que su eliminación forma parte de la política migratoria del Gobierno. Un portavoz del organismo calificó la decisión judicial como una interferencia de “activistas judiciales” en la política migratoria federal.
El fallo supone un nuevo revés para la estrategia migratoria de la Casa Blanca, que ha intentado restringir varios programas de protección temporal desde el inicio del segundo mandato de Trump, en un contexto de creciente tensión judicial sobre la política migratoria en Estados Unidos.
