MONTREAL, 27 feb.— La entrada en vigor de la Ley 94, que prohíbe al personal de las escuelas primarias y secundarias de Quebec portar símbolos religiosos, ha provocado una fuerte reacción de legisladores liberales y de Québec Solidaire (QS), quienes denuncian despidos y cuestionan la aplicación de la llamada cláusula de derechos adquiridos.
La norma establece que solo podrán acogerse a esa cláusula quienes hayan sido contratados a más tardar el 19 de marzo de 2025, fecha en que se presentó el proyecto de ley. Sin embargo, el texto fue aprobado recién el 30 de octubre de ese año, lo que dejó fuera a empleados contratados durante esos siete meses.
Críticas de la oposición
La coportavoz de Québec Solidaire, Ruba Ghazal, calificó la situación de injusta y pidió que la cláusula se extienda hasta la fecha de adopción de la ley. En la misma línea, Madwa-Nika Cadet, del Partido Liberal de Quebec (PLQ), sostuvo que la legislación debería revisarse para evitar perjuicios al personal escolar.
Ambas formaciones votaron en contra del proyecto, que fue aprobado por los diputados de la Coalición Avenir Québec (CAQ) y del Parti Québécois.
Defensa del Gobierno
La ministra de Educación, Sonia LeBel, defendió la aplicación de la ley y afirmó que la fecha límite era conocida desde la presentación del proyecto, al igual que ocurrió con la Ley 21 sobre laicidad. Según explicó, los centros de servicios escolares fueron informados y muchos advirtieron a los empleados contratados después del 19 de marzo que podrían quedar sujetos a la nueva normativa.
Por su parte, el exministro de Educación Bernard Drainville, impulsor de la ley y actual aspirante a liderar la CAQ, sostuvo que quienes perdieron su empleo “eligieron no respetar la ley” y podían haber optado por retirar sus símbolos religiosos durante la jornada laboral.
Debate social
Las declaraciones de Drainville generaron indignación en QS. El también portavoz Sol Zanetti calificó de “absurdo” ese razonamiento y comparó la situación con exigencias históricas de asimilación religiosa. Según la oposición, la aplicación de la ley afecta principalmente a mujeres musulmanas que usan hiyab.
Mientras el Gobierno insiste en que la norma refuerza la laicidad del sistema educativo, sus detractores advierten sobre el impacto laboral y social de una legislación que obliga a algunos empleados a elegir entre su trabajo y sus convicciones religiosas.
