LIMA, 27 feb.— Iroshi Ureta, alcalde de Coviriali en la región de Junín, murió el jueves tras ser baleado por dos desconocidos mientras se desplazaba en su motocicleta por una carretera rural de la Amazonía peruana. El ataque ocurrió antes de las 8 de la mañana y forma parte de un contexto de creciente violencia contra autoridades locales en el país, en medio de una ola de criminalidad que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía.
Según la policía local, los agresores, que vestían cascos rojos, huyeron inmediatamente del lugar en otra motocicleta, y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales muestran a los atacantes aproximándose rápidamente al vehículo del alcalde antes de dispararle. Ureta, de 45 años, recibió dos impactos de bala en el tórax y fue trasladado de inmediato al hospital más cercano, donde se le administraron dos unidades de sangre. Sin embargo, el centro de salud carecía de tomógrafo y unidad de cuidados intensivos, por lo que se decidió evacuarlo hacia Lima.
Lamentablemente, el alcalde falleció en la ambulancia al llegar al aeropuerto de la capital tras varias horas de traslado. La seguridad social confirmó que su estado de salud era extremadamente grave desde el momento del ataque. La primera ministra Denisse Miralles expresó su pesar a través de redes sociales, calificando la muerte de Ureta como “un hecho lamentable que enluta a la democracia y a la gestión local”.
Este asesinato se produce apenas días después del fallecimiento de Edward Amoroto, alcalde de Los Aquijes en la región de Ica, quien murió el domingo en un hospital de Lima tras haber sido atacado tres semanas antes mientras supervisaba una obra pública. La coincidencia de ambos hechos en tan corto período subraya la creciente vulnerabilidad de los funcionarios municipales frente a la violencia armada en diversas regiones del país.
Perú ha experimentado un incremento sostenido de la violencia en los últimos años. Según cifras oficiales, en 2025 se registraron 2.226 homicidios, y las denuncias por extorsión alcanzaron 28.948. La violencia no se limita a zonas rurales ni a funcionarios locales: a finales de 2025, una funcionaria municipal del norte del país fue asesinada durante una fiesta de regalos navideña en una plaza pública, dejando además a siete menores heridos, aunque de manera leve.
Analistas locales señalan que la combinación de narcotráfico, conflictos territoriales, disputas por recursos naturales y la expansión de bandas criminales contribuye al aumento de este tipo de crímenes. La policía nacional ha intensificado los operativos en la región amazónica, y se espera que se incremente la presencia de unidades especializadas en seguridad para proteger a funcionarios y civiles en las zonas de mayor riesgo.
El gobierno peruano enfrenta así un desafío urgente: garantizar la seguridad de los líderes locales y restaurar la confianza de la población en las instituciones frente a la escalada de ataques, que ha dejado en evidencia la fragilidad de la protección en territorios remotos y la necesidad de reforzar la coordinación entre autoridades locales, policiales y judiciales.
