Bogotá, 21 feb.- Acceso desigual al aborto en Colombia expone brechas entre zonas urbanas y ruralesEn Colombia, el aborto está permitido hasta la semana 24 de gestación desde 2022, pero la disponibilidad del servicio varía significativamente según la región. Mientras en las principales ciudades el acceso es relativamente sencillo, en zonas afectadas por la violencia de grupos armados ilegales, las mujeres enfrentan barreras severas que limitan su derecho a interrumpir embarazos no deseados.
Tatiana Cordero, de la Fundación Mujer y Futuro, relató las dificultades de ingresar a Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, para realizar campañas de educación sobre derechos reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. “En estos territorios el tema de métodos anticonceptivos es inexistente. Entonces, el tema de interrupción voluntaria del embarazo es peor; la gente no sabe que eso existe”, explicó Cordero.
Aunque la legalización hasta la semana 24 fue un avance significativo logrado por el movimiento Causa Justa, persisten desigualdades importantes. Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos e integrante de Causa Justa, señaló que “hay pasos adelante en temas culturales que disminuyen el estigma, pero existe una brecha muy importante entre las grandes ciudades y las zonas rurales”.
Violencia y acceso restringido
Pese al acuerdo de paz de 2016 que desmanteló gran parte de las FARC, disidencias y otros grupos armados continúan disputando territorios y economías ilegales como el narcotráfico. En regiones como Catatumbo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres deben coordinar con la Iglesia, cooperación internacional o entidades estatales para garantizar rutas seguras de atención.
Durante 2025, la Fundación Mujer y Futuro mantuvo un programa de apoyo a mujeres en Catatumbo, pero la violencia escaló debido a enfrentamientos del ELN con disidencias de las FARC, causando más de 163 muertos y desplazando a más de 100.000 personas.
Laura Castro, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, agregó que en Tumaco, al sur del país, los confinamientos por violencia armada impiden a muchas mujeres acceder al aborto, obligándolas a llevar a término embarazos no deseados. En casos de violencia sexual por parte de grupos armados, las mujeres sufren una doble victimización, ya que los agresores bloquean incluso el acceso a servicios de control prenatal.
Casos recientes incluyen la asistencia a cuatro niñas y una joven que escaparon de situaciones de trata con fines de explotación sexual en zonas de minería ilegal controladas por grupos armados. Para garantizar su acceso a la interrupción del embarazo, las organizaciones tuvieron que activar rutas especiales de protección ante amenazas a sus familias.
